El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 444 votos, el dictamen que reforma el artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para agregar que es obligación del sector privado garantizarle a esta población el acceso al derecho a una vida con calidad y protección.

Con el documento también se establece que las personas adultas mayores deberán gozar de las prestaciones de ley que ofrece la Ley Federal del Trabajo en sus respectivos empleos, y se les reconozcan sus roles laborales.

En las consideraciones del dictamen se añade que la iniciativa privada tiene la obligación de garantizarles el acceso a los programas que tenga por objeto posibilitar el ejercicio del derecho, lo cual resulta loable para constreñir y ligar laboralmente al sector privado con la población adulta mayor.

El dictamen fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Que esta población reciba las prestaciones como trabajadores

En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la diputada María Ester Alonzo Morales (PRI) expresó que la seguridad de los adultos mayores debe convertirse en una prioridad, pues este segmento de la población se encuentra con obstáculos que le impiden la entrada al mercado laboral, la obtención de un empleo de calidad o el retiro digno de la vida laboral.

Mencionó que en México, la edad de retiro laboral está regida por disposiciones legales y por una variación según la ley que la regula, que oscila entre los 60 y 65 años; sin embargo, al llegar a estas edades, hay quienes continúan trabajando como resultado de un deseo personal o bien de la necesidad económica ante la falta de una jubilación o pensión.

Se estima que en el país hay más de 15 millones de adultos mayores y el 41 por ciento son económicamente activos; de los cuales, sólo 3.8 por ciento se emplea en sectores de la economía formal y un 96.2 por ciento carece de seguridad social por estar empleado en la informalidad.

Expresó que la situación actual del país señala que la mayor parte de las personas con 60 años o más, no gozan de prestaciones laborales, lo que los coloca en un escenario de desprotección total; de no atenderse, habrá serias consecuencias para esta población y augura una nación con altos índices de adultos mayores en situación de pobreza.

Llamó a tomar acciones inmediatas desde el Poder Legislativo para fortalecer medidas de seguridad social y laboral que brinden una vida digna a los adultos mayores. Por ello, se debe incluir al sector privado en el cumplimiento de los derechos de esta población y de quienes se benefician con su trabajo.

Con ello, los adultos mayores podrán tener plena seguridad de que sus derechos serán garantizados; se logrará incluir al sector privado como copartícipe del respeto a los derechos de las personas adultas mayores; señalar a esta población como prioritarios en la atención de asuntos laborales, reconocer sus roles sociales y laborales y, por ello, debe ser una prioridad de Estado atenderlos.

Además, se plasma que las prestaciones de ley deben ser parte de las remuneraciones de los adultos mayores y que el Estado está obligado a ejercer políticas para que esta población reciba las prestaciones como trabajadores.

Coordinar esfuerzos entre el sector público y privado

La diputada Socorro Irma Andazola Gómez (Morena) mencionó que el objetivo es coordinar esfuerzos entre el sector público y privado para garantizar a las personas adultas mayores la protección de su integridad y dignidad, así como el acceso a una vida con calidad.

También, dijo, se afianza el acceso a un empleo digno, remunerado y, sobre todo, con las prestaciones que establece la ley en la materia, permitiendo que las y los adultos mayores se desarrollen en los distintos roles laborales. La reforma responde a una de las mayores problemáticas a las que se enfrentan, como es el acceso restringido al trabajo y a una vida digna.