La senadora Kenia López Rabadán y el senador Rafael Espino de la Peña encabezaron una reunión en la que se consultó a personas, niñas y niños con discapacidad, así como a organizaciones sociales sobre la propuesta para establecer como un acto de discriminación “restringir o limitar el derecho de las personas con discapacidad a vivir en una forma independiente”.

López Rabadán destacó que el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad determina que, para la elaboración, aplicación de la legislación y toma de decisiones que involucren a este grupo, los Estados deben realizar consultas en colaboración activa con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan.

En este sentido, dijo, se emitió una convocatoria pública, incluyente y transparente para recabar observaciones y comentarios que las personas con discapacidad y quienes las representan tengan con motivo de las reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos precisó que hay una iniciativa del senador Ricardo Monreal Ávila que propone adicionar la fracción 34 al artículo 9 de dicho ordenamiento, a fin de establecer como un acto de discriminación “restringir o limitar el derecho de las personas con discapacidad a vivir en una forma independiente”.

Además, explicó, hay una minuta que propone adicionar dos fracciones al mismo artículo, para establecer como un acto de discriminación “impedir, negar, restringir o condicionar el acceso de las personas con discapacidad a establecimientos públicos con personas o animales de apoyo de asistencia”.

Así como obstruir cualquier medida de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público y demás elementos destinados a la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad.

Kenia López refirió que el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó que en México hay más de 20 millones de personas que tienen alguna discapacidad o limitación, por lo que su participación en el Senado es fundamental para perfeccionar el marco normativo.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, expresó que la discriminación y los actos de odio subsisten en nuestro entorno, sin embargo, lo único que puede ayudar a tener un trato justo y equitativo es reconocer las razones por las que se discrimina.

En este sentido, dijo, quienes son más afectadas son las personas con discapacidad, porque la falta de visibilización provoca que no se impulsen políticas, para que tengan una vida independiente, lo que incluye que todos puedan acceder a establecimientos públicos con personas o animales de apoyo o asistencia.

Por ello, dijo, este ejercicio se da para consultar a los destinatarios de estas reformas, porque no podemos transitar a una mejor regulación sin atender las inquietudes y opiniones de todos los involucrados, para poder tener elementos esenciales que se incluirán en el dictamen que se elaborara posteriormente.

Por parte de las organizaciones, Hugo Joshua Lira Buendía, destacó que con base a los principios de los derechos humanos el exhorto que hacen es que los tres poderes de gobierno puedan trabajar, regular, normalizar y en su momento sancionar cualquier actividad discriminatoria.

María Teresa Fernández Vázquez propuso incluir a las personas mayores con discapacidad en dichas reformas, porque tienen los mismos derechos a la accesibilidad, a la vida independiente, sería una buena oportunidad para incluirlos también.

Foto: Senado