El caso de Keren Ordóñez pone en discusión la carente perspectiva de género del sistema de justicia mexicano, y en evidencia las prácticas inexistentes de derechos humanos.

El 11 de diciembre de 2015 la vida de Keren Selsy Ordóñez Hernández y su hija, que para ese entonces apenas tenía unos días de nacida, cambió para convertirse en una búsqueda constante por la verdad y la justicia en un crimen que no cometió: una condena por secuestro.

Su caso fue analizado en el conversatorio La tortura y la violencia de género en el sistema de justicia, analizando el caso de Keren Ordóñez, en el que especialistas que expusieron los factores de injusticia e impunidad que rodean este hecho.

Rosario Arrambide, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), afirmó que en casos donde existe la tortura, y hay una carencia de perspectiva de género en el proceso, tienen fuertes repercusiones en la vida posterior. Además de un incumplimiento de los marcos normativos nacionales e internacionales que, ya sea por omisión o por desconocimiento, generan grandes violaciones a los derechos humanos de las mujeres implicadas.

Como afirmó Melissa Zamora Vieyra, abogada acompañante en el caso y representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Cetro Prodh), la vida de Keren se vio vulnerada incluso desde antes de su detención arbitraria, siendo víctima de violencia económica por parte de su expareja.

Caso Keren Ordóñez

El 11 de diciembre de 2015 Keren Ordoñez, quien estaba convaleciente por haber dado a luz días antes, se dirigió a un encuentro con el padre de su hija para pedir su manutención. Una vez en el domicilio, llegaron vehículos no identificados con personas armadas que procedieron a detenerla de forma arbitraria junto con su hija.

Desde el primer momento fue víctima de diversas violaciones a los derechos humanos. Fue golpeada, asfixiada y amenazada con hacerle daño a su hija por quienes supo después, eran policías federales y elementos de la policía ministerial de Tlaxcala. Keren también fue amedrentada durante casi 11 horas para que se auto inculpara por el delito de secuestro.

La menor fue separada de su madre desde el primer momento, y pasaron 14 días hasta que pudo encontrarse de nuevo con su familia en el Sistema Estatal DIF de Tlaxcala con heridas que eran probablemente de sarna y con una desnutrición importante, ya que ni siquiera permitieron a Keren darle de comer.

Posterior a ello, fue discriminada en razón de género, ya que su condena fue más elevada en comparación a la de su expareja, quien cinco años después fue puesto en libertad. Keren recibió una condena de 50 años por un crimen que no cometió.

Keren lleva siete años privada de su libertad, y hasta hace un año, no tenía acceso a una defensa digna para su caso. En 2022 el Centro Prodh, tomó su caso para garantizarle justicia y verdad después de una larga espera.

Grandes vacíos en el caso Keren Ordóñez

En el panel estuvieron presentes especialistas en derechos humanos y perspectiva de género que permitieron abordar el caso de Keren desde otras aristas igual de importantes para su discusión, como lo fue el panorama de derechos humanos en el estado de Tlaxcala.

Esta visión dada por Edith Méndez Ahuactzin, representante de Mujer y Utopía A.C., fue una pieza clave para el entendimiento del caso pues reconoció que siempre hay una exigencia a las autoridades para garantizar los derechos humanos en todos los casos que se dan en el estado.

Además, las autoridades del estado de Tlaxcala cometen simulación al momento de cumplir con los marcos normativos internacionales, pues incluso si elementos de seguridad actúan fuera de la norma, no se les sanciona o capacita para corregir estas malas prácticas.

A esto se suma un machismo instaurado en el sistema de justicia, que, según Méndez Ahuactzin, sigue dando pie a la estigmatización por razón de género, y a la criminalización de las mujeres, que, en el caso de Keren, se le exhibió en medios de comunicación como una secuestradora.
Este estigma también es cargado por las familias, y sobre todo los hijos o hijas de las reclusas, comentó Tania Ramírez Hernández, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Las infancias en México enfrentan un desvanecimiento de sus derechos debido a un sistema jurídico y legal adultocentrista, que en muchos casos los invisibiliza como titulares de derechos. Incluso, no les permite acceder a información pertinente para su propio desarrollo fuera del estigma de la criminalización.

Ramírez Hernández exhortó a las autoridades a actuar en pro de los derechos de las infancias y sus padres o madres, que ya enfrentan la ausencia de justicia en sus casos. “Lo que es mejor para niñas y niños, al final es mejor para los sistemas familiares y para la sociedad. Entonces, vale la pena detenernos a sembrar y a construir desde ahí”, dijo.

Daniela Torres Parra, estudiante de Derecho de la IBERO Puebla, reconoció el papel de los estudiantes e instituciones de educación en este tipo de casos: denunciar y compartir para seguir aportando a la difusión de estas víctimas del proceso penal, como las describió.