La senadora Sylvana Beltrones Sánchez solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que informe al Senado de la República los motivos y razones que justificaron para decretar el cierre definitivo del Centro Federal de Readaptación Social número 2 de Puente Grande, Jalisco, así como las condiciones en que fueron trasladados los presos a otras cárceles y la reubicación de los trabajadores a otros centros penitenciarios.

A través de una propuesta con punto de acuerdo, la legisladora del PRI también exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que realice una investigación exhaustiva sobre las condiciones, traslados y reubicaciones, porque las autoridades respectivas no informaron a los familiares de los reos ni a los trabajadores sobre el cierre de ese lugar.

Refirió que el Cefereso número 2 “Occidente”, conocido como Puente Grande, ubicado en El Salto, Jalisco, contaba con 28 personas procesadas y 12 de ellas sentenciadas por el fuero común, para un total de 40; del fuero federal había 215 procesados y 121 sentenciados, para un total de 336, dando un total general de 376 internos recluidos, por lo que se encontraba a 36 por ciento de su capacidad.

El penal, dijo, tenía espacio para albergar a mil 40 internos, por lo que al contar con una población de 376, tenía 664 espacios disponibles, lo que representaba el 63 por ciento de disponibilidad y, por lo tanto, no tenía sobrepoblación.

Señaló que el pasado 28 de septiembre de, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, desincorporó del Sistema Penitenciario Federal al mencionado Cefereso.

En el documento, recordó, se estableció que la Comisión de Prevención y Readaptación Social realizaría las acciones tendientes al cierre del penal; que los presos serían trasladados a otros centros de reclusión en el país, bajo el compromiso de respetar en todo momento sus derechos humanos.

También se acordó, dijo, que los derechos de los trabajadores serían respetados conforme a ley y habrían de ser reubicados en otros centros penitenciarios federales que determinara la misma Comisión, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Aseguró que familiares de los internos informaron a los medios de comunicación que fue a través de las noticias, en internet y por llamadas de conocidos que se enteraron de que ese centro penitenciario cerraría sus puertas de forma definitiva y se quejaron de que las autoridades no les informaron las razones del cierre del penal y tampoco sabían a dónde trasladarían a sus familiares, como también los trabajadores desconocían su situación laboral.

Con esa actitud, afirmó la legisladora Beltrones Sánchez, las autoridades competentes violaron la legislación vigente y los acuerdos internacionales en la materia suscritos por el gobierno de México, donde se establece el reconocimiento y protección de los derechos humanos de los presos.

La propuesta fue turnada de manera directa, para su trámite, a la Comisión de Seguridad Pública.