Diputadas y diputados del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano suscribieron una iniciativa para que las erogaciones destinadas a la Igualdad entre mujeres y hombres tengan un incremento anual, suficiente para fomentar la igualdad sustantiva entre ambos.

En su propuesta de reforma al artículo 28 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señalan que dichos aumentos coadyuvarán en el diseño y ejecución de programas en los que se puedan identificar claramente los beneficios específicos para reducir las brechas de desigualdad de género, así como para contrarrestar los distintos tipos de violencias cometidos por razones de género.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, también modifica el último párrafo del artículo 58 de la Ley para agregar que no se podrá realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a aquellos que afecten negativamente y de forma diferenciada a grupos vulnerados históricamente, como personas discriminadas por cuestiones de raza, género, edad, discapacidad o cualquier otro motivo.

En la exposición de motivos, consideran que la construcción social de las relaciones jerárquicas basadas en el género ha colocado de forma histórica a las mujeres en una posición de inferioridad, lo cual ha generado discriminación y brechas de desigualdad que han dejado a este sector en una situación de desventaja en todos los ámbitos de su vida.

Las mujeres en México son el 51.2 por ciento de la población; sin embargo, constantemente se enfrentan a brechas de desigualdad en el acceso a la educación, salud, vivienda, a los trabajos remunerados, a los salarios e incluso en el derecho a vivir una vida libre de violencia.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa de participación económica de las mujeres de 15 años en adelante es del 41.7 por ciento, mientras que para los hombres es del 74.2 por ciento.

No obstante, cuando se suma el trabajo no remunerado al trabajo remunerado, las mujeres realizan el 55 por ciento de las horas de trabajo en México. Esta carga diferenciada del trabajo no remunerado en las mujeres mexicanas genera dependencia económica y desigualdad en el ingreso.

Destacan que para la reducción de estas marcadas brechas de género, los Estados deben diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de género que visibilicen estas desigualdades pero sobre todo que ofrezcan acciones para que las mujeres puedan mitigar las desventajas que viven en los terrenos de salud, educación, economía, vivienda y de seguridad.

Estas políticas públicas deben ir acompañadas de un Presupuesto de Egresos de la Federación que sea sensible al género y que dote de recursos suficientes a todas las áreas, a fin de que las dependencias de la administración pública federal y local, así como los estados y municipios, puedan ofrecer a la ciudadanía acciones transversales que estén dirigidas a lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Puntualizan que por la pandemia por Covid-19 se han ampliado esas brechas de forma preocupante en todo el mundo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la afectación para mujeres ha sido desproporcionada y se prevé que en 2021 a nivel mundial sólo el 43 por ciento de las mujeres en edad de trabajar tendrán un empleo frente al 68 por ciento de los hombres.