Las organizaciones deben trabajar para garantizar a las y los migrantes su derecho a una vida digna a través de garantías como el ejercicio del voto. Así lo reconoció Miguel Ángel Corona Jiménez, investigador de la Ibero Puebla, en el Foro Análisis sobre los derechos político-electorales de la comunidad migrante en el estado de Puebla.

El sufragio es una vía para reivindicar la ciudadanía de las y los mexicanos, aun cuando se encuentran fuera del territorio nacional. Por ello, desde 2005 se permite el voto a los migrantes desde el extranjero. Los resultados: en 2006 votaron 40,876 personas; en 2012 lo hicieron 59 mil 115; y en 2018 fueron 98 mil 470. Pese a representar un avance, es insuficiente para una sociedad ávida de democracia.

Los 36 mil 48 millones de dólares de remesas superan a la Inversión Extranjera Directa (IED), así como a los ingresos por venta de petróleo y turismo. Por ello, Corona Jiménez acentuó que “la injerencia en el equilibrio de la economía les da el derecho a buscar que se les garantice su acceso al voto.”

Antes que votar, a las y los migrantes les interesa buscar la manera de ganar dinero y mandar a sus familias. “Presumimos remesas, pero nunca nos detenemos a ver qué hay detrás de las cifras”, denunció el académico. Por ello, continuó, debemos hacer un mayor esfuerzo para garantizar la representatividad que ellos necesitan para no tener que vivir aislados.

Corona Jiménez consideró que los migrantes no votan por miedo, pues deben dar datos que exponen su calidad foránea. Acusó que la burocracia no contribuye a la cultura del sufragio. “No votan porque no quieren votar, es igual que aquí: Hay que educarlos para que confíen en las instituciones”, concluyó.

En una breve intervención, Miguel Ángel García Onofre, presidente del Instituto Estatal Electoral de Puebla (IEE), estableció que la migración ha obligado a nuevas prácticas políticas. El tema del voto migrante genera controversia porque se considera costoso y no prioritario.

Por su parte, José Luis Martínez López, consejero electoral del IEE, recordó que el derecho no solo implica votar y ser votado, sino que debe ser ejercido de manera integral. Apuntó que la población migrante manifiesta su fuerza y sentido de pertinencia aun estando lejos de su tierra.

Indicó la importancia de repensar las políticas de inclusión para los connacionales, haciendo énfasis en la alta participación de las y los migrantes poblanos. “Desde el Instituto, hemos buscado hacer esto posible. Nos dimos cuenta que la población migrante poblana está ávida de participar y buscamos garantizar la confianza en su participación”, concluyó.

Posteriormente, Jesús Gerardo Saravia Rivera, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, trajo a colación los conceptos de “ciudadanía transnacional” y “ciudadanía migrante”, dos paradigmas jurídicos que buscan facilitar a las y los integrantes de las minorías etnoculturales de inmigración el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales.

En este sentido, señaló que el concepto normativo de ciudadanía deberá, eventualmente, incorporar elementos del contexto global actual y remover requisitos que restrinjan el pleno goce y ejercicio de los derechos políticos de las y los mexicanos, incluyendo a los que viven en el extranjero.

Encargado de la intervención de clausura, Sergio Infanzón, coordinador de la Coalición de Migrantes Mexicanos, señaló que la asociación que representa ha sostenido encuentros con políticos mexicanos en los últimos dos años para presentar ideas y poder hablar de los derechos de los migrantes.

Por lo mismo, pidió al IEE tomar las acciones afirmativas que abran la puerta a las y los migrantes para comenzar a creer y a cerrar heridas, pues la mayoría anhelan regresar a casa. “De llevarse a cabo, se devolverá la dignidad y el derecho humano a quien se han ido a trabajar muy duro”, concluyó.