El VII Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó un amparo a Carlos Santamaría Díaz, de 13 años de edad, quien estudia en la UNAM para que la autoridad universitaria aplique medidas de protección y se repare un presunto daño que sufrió el alumno.
Ello luego de las acusaciones de Santamaría Díaz, quien denunció acoso de personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De acuerdo con el amparo, la autoridad responsable realizará acciones para establecer en qué medida el acoso y la difamación de que fue víctima el menor permeó en la comunidad universitaria.
«Y con base en ello determinar las medidas de protección; evalué las repercusiones en el entorno psico-social del menor y, a partir de ese análisis, repare el daño que sufrió», señala la sentencia.
Entre las medidas que deberá implementar la autoridad responsable, es decir la directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Catalina Stern, están informar al rector Enrique Graue, así como al Consejo Universitario y a la Defensoría de los Derechos Universitarios sobre la situación particular del estudiante.
Ello para proponer soluciones concretas que garanticen la plena inclusión de Carlos Santamaría en la comunidad universitaria en un ambiente libre de todo tipo de violencia, considerando incluso el perfeccionamiento de la Legislación Universitaria.
Asimmismo la creación de procedimientos académicos y administrativos para la atención de casos de alumnos menores de edad con talento o competencias extraordinariamente desarrolladas.
Además, establecer de inmediato la mediación de un adulto para el ejercicio de sus derechos en el ámbito universitario, quien deberá ser informado permanentemente y encontrarse al tanto del desarrollo de las actividades relacionadas con la vida universitaria del estudiante (tutor universitario).
También se deberá hacer del conocimiento de la totalidad de la plantilla de maestros con los que el menor de edad se encuentra cursando materias.
Entre otras medidas se tendrán que tomar las previsiones necesarias para que las distintas actividades universitarias en que el menor esté involucrado se desarrollen de acuerdo con sus características y necesidades específicas.
Asimismo, «identificar las discriminaciones existentes y potenciales frente a las cuales tomar medidas especiales para reducir o eliminar las condiciones que llevan a prácticas discriminatorias».