Obligar a los trabajadores a realizarse y cubrir el costo de pruebas para detectar Covid-19, u otros virus que causen o provoquen enfermedades respiratorias contagiosas, representa un acto de discriminación que atenta contra el derecho al empleo, aseguraron senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRI.

Por tal motivo, enlistaron en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa que busca reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Salud, a efecto de establecer como obligación que, en los centros de trabajo que soliciten a sus empleados pruebas de prevención y detección de algún tipo de enfermedades respiratorias, serán los patrones quienes ofrezcan, de forma gratuita, los insumos médicos pertinentes para practicarlas.

En el proyecto, que fue enviado a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, los legisladores proponen prohibir que los patrones cobren o descuenten del salario de sus trabajadores el costo de las pruebas de prevención y detección del virus.

De tal forma que, si el reglamento de la empresa obliga o recomienda a los trabajadores a realizarse pruebas para prevenir contagios en el trabajo, tiene que ser la propia compañía quien absorba el costo, pues de acuerdo con la legislación vigente, los responsables de garantizar un espacio seguro e higiénico a los trabajadores son los patrones.

Refirieron que, durante la reactivación económica y el regreso escalonado a las actividades presenciales en los espacios de trabajo, surgieron casos en dónde algunas empresas y establecimientos exigían a sus trabajadores presentar una prueba negativa de Covid-19, para reincorporarse a sus labores, pero el costo de la misma debía ser cubierto por cada empleado.

En este sentido, precisaron que la propia Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores advirtió que es ilegal obligar a las y los trabajadores pagar por estas pruebas, por lo que por ningún motivo se les puede trasladar su costo a los empleados.

Por tal motivo, puntualizaron, se busca ofrecer a las y los trabajadores de distintos sectores, los mecanismos legales suficientes para proteger sus derechos laborales, en un contexto de retorno a la normalidad y tras la emergencia sanitaria de los últimos dos años.