Cinco funcionarios del Vaticano fueron suspendidos de sus labores por presuntas actividades financieras irregulares, luego de que la víspera se realizó un allanamiento en oficinas de la Secretaría de Estado de la sede católica.

Entre los funcionarios suspendidos están monseñor Mauro Carlino, quien supervisa la documentación en la Secretaría de Estado; el laico Tomasso Di Ruzza, director de la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano, así como dos altos ejecutivos y una oficial de administración, reveló la revista italiana L’Espresso.

Según un memorando al que tuvo acceso L’Espresso, monseñor Carlino seguirá viviendo en la Casa Santa Marta, donde vive el Papa Francisco, y los empleados suspendidos pueden ingresar al territorio del Vaticano para acceder a los servicios de salud o si un magistrado de la sede católica lo autoriza.

De acuerdo con el documento, miembros de la Gendarmería decomisaron la víspera documentos y computadoras en la Secretaría de Estado por orden del promotor de Justicia (fiscal), Gian Piero Milano, luego de una serie de denuncias del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como Banco del Vaticano.

Las denuncias del IOR se referirían a una serie de transacciones financieras “llevadas a cabo en el tiempo”, según precisa el memorando.

La publicación italiana señaló que las supuestas operaciones financieras ilegales se refieren a «compraventas inmobiliarias por millones de euros en el extranjero, en particular edificios de prestigio en Londres».