Los Ángeles, 2 Mar (Quién).- Taylor Swift no dudó en contraatacar en la demada que mantiene contra ese parque de atracciones de Utah que, hace solo unas semanas, le demandaba por haber violado, presuntamente, las normas del copyright a cuenta del título que empleó la intérprete en su más reciente trabajo discográfico, el exitoso ‘Evermore’.
La sociedad que gestiona los derechos de autor de las canciones de la artista, TAS Management, ha interpuesto una demanda contra la empresa por haber reproducido, aparentemente sin los correspondientes permisos, varios temas de la diva a lo largo del año 2019 y cuando las instalaciones estaban abiertas al público.
Ya durante ese año, la citada entidad envió un par de cartas de aviso a los responsables del parque para que desistieran en sus acciones, pero ahora -y en el contexto del frente legal abierto por el propio ‘Evermore Park’- esas advertencias han desembocado en un recurso judicial propiamente dicho.
La información sobre este sorprendente movimiento de la cantante ha sido dada a conocer por la revista Rolling Stone, que tuvo acceso al contenido de las cartas que marcaron el inicio de las hostilidades entre las dos partes, así como al texto en el que se confirma oficialmente la llegada del caso al plano puramente judicial.
«En el pasado se le han facilitado cartas que detallaban el importe de las licencias a pagar por el uso de la música entre los meses de mayo y diciembre de 2019. En estas tarifas no se incluyen otros períodos de uso sin licencia», dice una parte del mensaje, el cual se refiere expresamente a la reproducción ilegal de los populares sencillos ‘Love Story’, ‘You Belong With Me’ y ‘Bad Blood’.
El equipo legal de la artista, que ya salió en su defensa para rechazar las acusaciones de que el nombre del disco afectaría negativamente a la estrategia comercial y publicitaria del ‘Evermore Park’, señala en la citada demanda que Taylor persigue una elevada indemnización por cada una de las canciones que han sido objeto de las mencionadas infracciones, al margen de exigir los pagos correspondientes a los importes de las tarifas de uso.