Diputadas y diputados se reúnen con especialistas y empresarios a fin de conocer sus puntos de vista respecto a la “Transición energética soberana y litio como área estratégica”, durante el foro 16 del Parlamento Abierto respecto a la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo Federal.
El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), José Guillermo Zozaya Délano, dijo que no está a favor de una reforma constitucional, ya que traerá efectos negativos a la planta productiva que representa y sería un obstáculo para el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por México en materia de descarbonización.
Destacó que la industria automotriz lucha contra el cambio climático, desde la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, al producir autos híbridos y eléctricos y la neutralidad del carbono en el proceso de los vehículos y sus componentes. En cuanto al litio, expresó que la reforma, como es presentada, prevé no otorgar concesiones, lo cual impactará en el comercio y precio de este producto.
El director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), Raúl Eric Talán Ramírez, planteó que la transición energética debe dejarse de considerar como un apéndice de la Reforma Energética para dotarla de su propia ruta y objetivos, “no puede ser un caballo de Troya al servicio de los intereses de los grandes inversionistas trasnacionales de la industria eléctrica”.
Apuntó que las energías renovables no son la única opción para crear una sociedad más baja en carbono, existen otras opciones más económicas, con un beneficio social y más respetuosas de la soberanía nacional, entre ellas la eficiencia energética y la generación distribuida.
José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que en lugar de hablar a favor o en contra se hable de lo que requiere México. Para ello, apuntó, desde el sector empresarial se pone como objetivo que haya luz para todos los mexicanos con precios accesibles, sin apagones y competitividad de precios, lo que generará inversión y los empleos que requiere nuestro país, además de que se debe fortalecer a la CFE para que sea una empresa rentable.
Agregó que se requiere transitar hacia energías limpias y cumplir los acuerdos de París, así como lo establecido en el T-MEC y el compromiso con las nuevas generaciones para no dejar un país contaminado, garantizar el respeto al Estado de derecho, que haya reglas claras para inversiones privadas y que sea un complemento a la de la CFE. Propuso que en el aspecto del litio sea una ley separada. “Es momento de hacer ajustes a los contratos, pagar por la disponibilidad y la diferencial de precios”.
El senador Alejandro Armenta Mier (Morena) aseguró que el litio se ha subestimado y no se le ha dado la trascendencia acorde, ya que se podría hablar de un hecho histórico como en su momento fueron los hidrocarburos, pues por sus características y composición tiene usos en diferentes industrias y para el desarrollo de los sectores primario, secundario y terciario. “Se debe entrar a este mercado que ya es dominado actualmente por China y que no seamos solo un país de materias primas”.
Destacó que las 31 concesiones actuales de mineras del litio están en manos de inversión extranjera y ninguna en manos nacionales, por lo que aseguró que “la ley está hecha para el saqueo de nuestro país y por eso extranjeros hacen negocio y México solo se queda mirando”. Puntualizó que los metales, elementos y tierras raras son la llave de acceso entre las energías fósiles y las limpias.
Jorge Young, presidente en Cluster Metropolitano de Energía, indicó que México es el país más contaminante de América Latina considerando su área territorial. De acuerdo con las Naciones Unidas el 71 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en México provienen de la generación eléctrica y el transporte y esta contaminación causa alrededor de 9 millones de muertes al año solo en nuestro país; este número ha crecido desde que la CFE tomó la decisión de quemar combustóleo en varias de sus centrales en vez de generar con gas que es menos contaminante.
“Los mexicanos queremos que bajen las tarifas eléctricas, que el suministro eléctrico sea confiable, que se detenga la generación con combustóleo y se reduzca la contaminación generada por las plantas contaminantes que causan enfermedades. Necesitamos que se construyan más centrales fotoeléctricas y eólicas y se retiren las obsoletas y contaminantes para cumplir la meta de generar 35 por ciento de energía limpia para el 2024”, agregó.
Alberto Montoya, actual comisionado nacional de Mejora Regulatoria del Gobierno de México, dijo que la transición energética del mundo es imperativa, la actividad humana en los últimos dos siglos ha aumentado de manera exponencial la temperatura de la tierra, si no se detiene ya con muy bajas emisiones en dos décadas será imposible detener el aumento a dos grados centígrados.
Señaló que la electricidad es la base de toda actividad humana moderna; México no acepta ni necesita ningún tutelaje extranjero, el Estado a través de la CFE debe llevar a cabo la transición energética como un servicio público sin fines de lucro. “La iniciativa planifica la transición con reducciones de emisiones y garantiza autosuficiencia con crecimientos que tendrán que ser exponenciales al 12 por ciento”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Rubén Moreira Valdez (PRI), pidió conocer cómo se estima el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático, cuánta energía se produce con combustóleo y si los generadores de energía particulares es toda limpia o hay sucia, además si se puede modernizar a la CFE si en el servicio que presta subsidia a otros, y si se cobra un bono o castigo por parte de la Comisión, y si entre particulares se prestan o venden servicios en algún momento difícil del día.
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Karen Castrejón Trujillo (PVEM), mencionó que esta reforma constitucional es un mecanismo de defensa de los derechos humanos, como es el derecho al medio ambiente o el derecho a la salud. Por ello, solicitó detallar cuáles son las razones para considerar progresivo o regresivo en términos de derecho humano y un ambiente sano, una propuesta que eleve a rango constitucional la transición energética y establecer el mandato de reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.
El coordinador de Morena, diputado Ignacio Mier Velazco, comentó que si no se hubieran presentados los amparos no se tendría que haber llegado a la reforma constitucional y pidió a los ponentes definan cuál es el concepto de libre competencia.
De la misma bancada, la diputada Selene Ávila Flores aseguró que la rectoría debe ser del Estado, por lo que no puede ser solo un cambio en la legislación secundaria, ya que es de todas y todos los mexicanos. Preguntó cuánto se ha disparado el precio de litio este año y cuánto se proyecta para el próximo año.
El diputado Ignacio Loyola Vera (PAN) preguntó si lo que se requiere es hacer más eficiente a la CFE, pues aseguró que no cree que se le gane en competencia si se habla de tecnología. Pidió saber qué pasará con las plantas de energía y si se podrá llegar a un acuerdo sin la modificación constitucional.
También del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell aclaró que la propuesta sí cancela los contratos, pues a la letra dice: que los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa con la iniciativa privada se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución. Añadió que cómo se le puede confiar a la CFE la transición energética si su plan de inversiones a cinco años prioriza las centrales con combustibles fósiles y cuestionó a los especialistas si se tiene la capacidad y recursos para extraer el litio.
El diputado Reynel Rodríguez Muñoz (PRI) preguntó sobre cómo afectaría la reforma constitucional propuesta respecto a la competitividad del sector automotriz en el país, en relación a su generación de empleos y a la actividad exportadora de esta industria.
Del PVEM, el diputado Luis Alberto Martínez Bravo dijo que en la propuesta de reforma eléctrica por primera vez se tiene en México una estrategia clara para transitar de manera paulatina pero segura y ordenada a una mayor participación de las energías renovables al incluir en el texto constitucional que el Estado se hará cargo de la transición energética.
Del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña expuso que se va a una reforma constitucional, porque un juez echó atrás la reforma a las leyes secundarias y le dio amparos hasta quien no lo pidió, por lo que preguntó cuánto paga el oligopolio de impuestos a México, cuál es la contribución para escuelas, carreteras y hospitales y cuánto paga la CFE.
Por MC, el diputado José Mauro Garza Marín inquirió a los empresarios qué representa esta reforma en los términos que se plantea en cuanto a la inversión, generación de empleos y la fuga de capitales.
El diputado Manuel Jesús Herrera Vega (MC) comentó que la mayoría está de acuerdo en la importancia de la transición energética de nuestro país al uso de energías limpias y renovables. Por ello, preguntó si en este proyecto de reforma que está planteando el Gobierno Federal realmente se está impulsando y garantizando la transición al uso energías limpias.
La diputada del PRD, Edna Gisel Díaz Acevedo, indicó que la explotación del litio debe ser analizada, dado su daño ambiental, desplazamiento y las disputas en torno a las operaciones mineras existentes en el país, así como reconocer que las reservas de este producto son inciertas. Ante ello, solicitó a los ponentes explicar si se visualiza una planeación específica para la extracción del litio por parte del Estado, toda vez que cancela la posibilidad de que particulares realicen su explotación y si se tiene la capacidad financiera para la inversión en tecnología en la materia.
José Guillermo Zozaya Délano enfatizó que el temor del sector automotriz es que con la implementación de esta reforma habría una pérdida de competitividad, toda vez que se basa en los costos de energía. Apuntó que en el 2021 el costo promedio de la electricidad que vendía la CFE en media tensión estuvo 1.22 pesos por kilowatt/hora, mientras que los privados ofrecieron un precio promedio de 0.42 pesos por kilowatt/hora.
Además, recalcó que esto podría tener un impacto negativo en cuanto a la promoción de generación de energías renovables y un incremento estimado en las emisiones de bióxido de carbono del 32 por ciento. Asimismo, explicó que la libre competencia son las inversiones, que tanto la CFE como las privadas se enfoquen a la perfección de la energía limpia con mejores fuentes de ingreso
En tanto, Raúl Eric Talán Ramírez expuso que si se quiere buscar soluciones al cambio climático se debe localizar dónde se crean estas emisiones, pues los particulares están en los mismos parámetros de emisiones de la CFE.
Subrayó que las plantas renovables poseen subsidios del cien por ciento de deducibilidad de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, agregado en la Reforma Energética, es decir no pagan las inversiones y los certificados de energías limpias, las cuales representan un 50 por ciento; esto va detrimento de la CFE “porque la acomodan al final del despacho, le dan un porcentaje muy bajo de energía a subir a la red con lo que la descapitalizan”.
José Medina Mora Icaza señaló que los sectores de manufactura, servicios de agua y gas natural, comercio al por menor, minería, restaurantes y hotelería consumen el 85 por ciento del gasto de energía eléctrica y representan el 57 por ciento de empleos del país. “Son 3.6 millones Mipymes que fueron olvidadas y que se requiere voltear a ver a éstas para lograr la reactivación económica. No solo es ver los empleos que se perderían, sino los que no se generarían por falta de inversiones”.
Dijo que cuando se habla de libre competencia se debe entender que cuando cualquier emprendedor inicia su negocio tiene el reto de ofrecer un producto o servicio que le agregue valor al cliente y que sea a un precio que le convenga comprarlo.
El senador Alejandro Armenta Mier argumentó que se debe elevar a rango constitucional el aprovechamiento del litio toda vez que este material y las tierras raras son indispensables para la obtención de baterías y tienen mayor capacidad de retención eléctrica. Añadió que en 2022 la tonelada de carbonato de litio tiene un valor de un millón 184 mil pesos por tonelada.
Agregó que el gran problema del intercambio comercial con empresas extranjeras es que nuestro país no tiene investigación ni estudios en esta materia, pues en el caso de las concesiones entregadas fue con estudios de empresas extranjeras. En otro tema, abundó que no existe libre competencia con la pasada reforma pues el Estado no puede competir, solo regula y promueve.
Jorge Young mencionó que la inversión en energías renovables en México es un retorno bajo y se recupera la inversión de 15 a 20 años. Comentó que de cada 100 proyectos de energía, menos de 30 se realizan, la tasa de retorno en este negocio es del 8 al 12 por ciento, la inversión se recupera de 15 a 20 años. “En otros negocios el retorno de la inversión es de 15 por ciento a 20 por ciento y una recuperación de 3 a 5 años”.
Destacó que el problema que tiene México es que no hay un almacenamiento suficiente de gas, “tenemos dos plantas, dos instalaciones que almacenan gas licuado, pero no es suficiente, pues las reservas durarán dos o tres días cuando el óptimo es tenerlo 21 días de reservas.
En su intervención, Alberto Montoya consideró que México puede desarrollar una industria automotriz, sí la puede hacer pero para eso se necesita propiedad intelectual, patentes; esa inversión, esa propiedad intelectual la puede y debe desarrollar el Estado mexicano con todos sus institutos y universidades.
Indicó que uno de los componentes fundamentales es el litio porque lo vamos a necesitar en las baterías de automóviles, en las baterías que estén en los domicilios para que los paneles solares que estén funcionando carguen esas baterías y alguien pueda cargar su automóvil y funcionar.