La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que para fortalecer a las instituciones de impartición de justicia se debe impulsar una mayor transparencia y rendición de cuentas.

Al participar en la lección inaugural del curso en línea Justicia Abierta, afirmó que la impartición de justicia no es más que la prestación de un servicio público que debe ser instrumentado para satisfacer los fines a que está llamado a cubrir todo órgano jurisdiccional.

La magistrada presidenta aseveró que, desde el inicio de la gestión de la actual integración de la Sala Superior, se asumió el compromiso de adoptar los principios de gobierno abierto en todas las Salas que integran el TEPJF.

“Hemos asumido este compromiso, justamente, convencidos que es una ruta segura para fortalecer a las instituciones, y más en estos momentos y en estas épocas de gran desconfianza hacia la impartición de justicia”, subrayó.

De lo que se trata es de generar confianza a través de una mayor transparencia y rendir cuentas, tanto de la labor jurisdiccional como de la actividad administrativa, indicó.

Destacó que, con la aspiración de cumplir con los principios de la justicia abierta, se han llevado a cabo diversas acciones para convertir al TEPJF en un tribunal abierto, para lo cual se crearon mecanismos de participación y colaboración entre la sociedad y las instituciones.

Agregó que para ello se aprovechó el uso de tecnologías para resolver juntos distintas problemáticas de manera más eficiente.

Detalló que el TEPJF comunica de manera permanente sus decisiones y trasparenta sus actividades, y ha puesto a disposición, en formato de datos abiertos, la información que la norma en materia de transparencia le exige, así como la estadística y los resultados de la ejecución del presupuesto.

Por su parte, el también magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, reconoció que se tiene una tradición muy fuerte dentro de los poderes judiciales en México y en el mundo respecto de la secrecía y de la reserva de las discusiones y del trabajo que se realiza.

Lo anterior, expuso, porque se resuelven conflictos en donde hay partes con intereses. “Ahora, cambiar esa tradición, cambiar esas prácticas, es un reto enorme y esto implica que se asuman políticas institucionales de uso de redes sociales, no sólo individuales”, dijo.

Indicó que son muy pocos los tribunales y menos los jueces que están involucrados en las redes sociales en el mundo, ya que son realmente una mínima parte los que están acercándose a dichas redes de manera abierta, con nombre y apellido, comunicando su actividad o informando sobre la función que desempeñan.

Resaltó que «tenemos pocas experiencias sobre cómo usar adecuadamente estas redes sociales, y creo que es muy importante esta aproximación a través de la experiencia, lo que podemos comunicar y no cómo reacciona el auditorio”.