El IEPC no ha informado a las comunidades cómo se llevará a cabo su proceso de sufragio autónomo, este podría retomarse una vez terminado el periodo electoral partidista de 2021.

En virtud del derecho a la autonomía y la libre determinación, el 17 de noviembre de 2017, representantes de diversas comunidades tzeltales solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) convocar a elecciones para formar un gobierno comunitario. Sin embargo, los comicios por partidos se realizaron sin tomar en cuenta las peticiones de los representantes.

Aun con el cambio de Gobierno federal, las comunidades chiapanecas de Chilón y Sitalá siguen esperando a que se ejecute el estudio cultural y la consulta para determinar el cambio de régimen en sus municipios. Ante el inicio del periodo electoral de 2021, se corre el riesgo de que el acceso al derecho a la libre determinación y a la autonomía se vea nuevamente postergado.

Contexto

Los derechos a la consulta han sido violentados por parte de las autoridades federales mediante encarcelamientos, desalojos e intimidaciones. “Nos han difamado. Los que están en partidos políticos dicen que el gobierno comunitario está en contra de las autoridades con la intención de manchar nuestra imagen”, denunció Pascuala Vázquez Aguilar, concejera de Gobierno Comunitario de Chilón, durante el conversatorio Derechos postergados: Libre determinación y autonomía de la 4T organizado por la Ibero Puebla.

El Estado, por medio de sus instituciones, posterga los derechos de los pueblos indígenas a través de requisitos como el estudio cultural, las asambleas informativas y la consulta. “El Gobierno de México legaliza la violación de derechos colectivos, en Chiapas existe un reglamento para atender solicitudes de consulta indígena en materia electoral”, reprobó la concejera Elvira Gutiérrez Gómez.

El 10 de mayo de 2019, los antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y personal del IEPC comunicaron a Sitalá que realizarían los estudios culturales correspondientes; al día de hoy, no se han presentado en la comunidad. “Nos mantendremos luchando por nuestro derecho. Solo unidos podemos hacer a un lado la corrupción y la injusticia”, refrendó Manuel Gómez Aguilar, integrante del Gobierno Comunitario de dicha comunidad.

Sitalá es el segundo municipio más pobre de Chiapas. La acción colectiva de las comunidades es producto de la ingobernabilidad y desinterés del Gobierno estatal para conciliar agendas y trazar objetivos comunes. En consecuencia, personas como Sebastián Hurtado Núñez han sido amenazadas y criminalizadas por pertenecer a los gobiernos comunitarios.

Propuesta jurídica

Para mantener la presión desde el derecho a nivel local y nacional, organizaciones como la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) han sumado esfuerzos indígenas y campesinos para defender el derecho colectivo de los pueblos a decidir, a través de los usos y costumbres, sobre los recursos tangibles, la tierra y el territorio y los medios de vida.

Citlalli Hernández Saad, colaboradora de ALDEA, expuso diez puntos para discutir sobre un nuevo marco jurídico mexicano con base en tratados internacionales que reconocen los derechos de los pueblos:

Reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Actualmente, se les asume como entidades de interés público, lo que niega la validez de sus decisiones y, al contrario, se les criminaliza.
Garantía efectiva del derecho a la libre determinación y autonomía. Esto implica que exista una coordinación real entre el Gobierno federal y el comunitario.
Reconocimiento y garantía efectiva de los sistemas normativos y de seguridad propia de los pueblos, para garantizar que las policías comunitarias dejen de ser criminalizadas por ejercer sus propios sistemas de justicia.
Reconocimiento, garantía y protección efectiva del derecho pleno a las tierras y territorios indígenas, para trascender los modelos organizativos urbanos y salvaguardar el acceso a los recursos naturales.
Reconocimiento y garantía a decidir sus propias formas de vida y desarrollo que correspondan a las prioridades de las comunidades y sus sistemas normativos.
Respeto y garantía del derecho al consentimiento previo, libre e informado, lo cual frenará las acciones unilaterales en la elaboración de proyectos extractivistas y de infraestructura.
Garantizar la participación plena de los pueblos y comunidades en todos los niveles de toma de decisión del Estado.
Establecer un nuevo tipo de relación entre el Estado y los pueblos en condiciones de respeto e igualdad.
Participación plena de la mujer indígena en la toma de decisiones y ejercicio efectivo de todos los derechos.
Respeto y garantía efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos y comunidades, relacionados con el acceso a bienes y servicios de educación, salud, telecomunicaciones y memoria histórica.

Por su parte, la Fundación para el Debido Proceso ha impulsado el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Como compartió su representante, David Lovatón Palacios, se ha logrado la apertura para comprender los proyectos extractivistas, además de la conformación de alianzas y la emisión de nuevas políticas públicas.

El balance de la consulta previa también tiene su parte negativa. “Tienen derechos reconocidos por los tratados internacionales y la Constitución, pero no se cumplen”. Reprobó que el Estado mexicano haya tenido participación activa en foros internacionales pro derechos humanos, pero que haya incurrido en diversas prácticas que entorpecen el acceso a los derechos de las comunidades.

Los panelistas coincidieron en que los partidos políticos son los principales ejecutores de acciones violatorias a los derechos de los pueblos. Y demostraron su indignación ante la obstaculización de las garantías, lo cual evidencia la necesidad imperante de cambiar la forma en que se interpretan y aplican las leyes.