La Universidad de las Américas Puebla y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa efectuaron el ciclo de conferencias denominado Cátedra ANADE, donde expertos del ámbito corporativo hablaron sobre materia fiscal, reforma laboral, compliance, asociaciones público–privadas, propiedad intelectual y algunos otros temas relacionados al derecho corporativo.
Continuando su sinergia con instituciones de diverso ámbito, la UDLAP fue sede del evento organizado en conjunto con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. El suceso reunió durante una semana completa a diferentes expertos y egresados de la casa de estudios, para hablar sobre diferentes tópicos a estudiantes interesados en el derecho corporativo, dando un abanico de posibilidades intelectuales.
Una fue la brindada por el abogado certificado José Abel Velázquez Carrasco, quien habló sobre la importancia de las asociaciones público–privadas, enfocándose en los permisos para dar servicios o efectuar obras de infraestructura. Él comentó que al dejar que un gobierno derogue la capacidad de construcción a una empresa privada trae mayores beneficios como eficiencia y calidad a un costo menor. “Cuántos de ustedes han pasado por una calle pequeña, cuánto tardan en pavimentar, esto es porque el esquema de la obra pública está diseñado para que sea muy tardado e ineficiente”, explicó.
Velázquez Carrasco argumentó que cuando hay una obra pública generalmente los constructores van parando su labor porque no tienen solvencia económica para continuar, derivado a la burocracia de los pagos; eso genera sobrecostos, más tiempo y deficiencia en la obra. Pero cuando se celebra un contrato de asociación público–privada todo cambia, debido a que el segundo debe tener la capacidad para construir, prestar el servicio y efectuar las labores de mantenimiento para entrar a concursar en una licitación.
Con eso el gobierno tendrá obras de buena calidad, porque el privado absorbe el riesgo de construcción y debe edificarla de la mejor manera, si no los costos de mantenimiento se irán comiendo las utilidades. Además, el estado debe estar plenamente satisfecho, de otra forma no desembolsará un peso para pagar, garantizándose todo. De forma más simple el especialista expuso: “el sector privado pone sus habilidades, financiamiento, experiencia, control y mejores prácticas; el sector público tendrá los activos, transfiere los riesgos de construcción, operación, mantenimiento y hay un control del gasto”.
El resto del programa lo ocupó Luis Antonio Ávila Bravo, especialista en asesoría y controversia fiscal, con el tema “Inexistencia de operaciones en materia fiscal”; Juan Carlos Castillo Alcaide, socio fundador de la Barra Poblana de Abogados, dando la ponencia “Reforma constitucional laboral”; Raymundo Carreño del Moral, presidente fundador de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa sección Puebla con “El compliance y la empresa”; y cerró Víctor Hugo Enríquez Valencia, socio de propiedad intelectual en DeForest Abogados, con “Tópicos de propiedad intelectual”.