La extinción de 109 fideicomisos para obtener más de 68 mil millones de pesos es uno de los más grandes saqueos en la historia reciente de nuestro país.

El dictamen pretende desviar de forma opaca y discrecional, los recursos públicos destinados para el apoyo de múltiples comunidades y sectores de nuestro país.

No se trata de una cuestión de números, sino de ciudadanos con los que se comprometió la Cámara de Diputados en los distintos y diversos foros de Parlamento Abierto en los que se escucharon voces especializadas y que coincidieron en la necesidad de mantener estos recursos, aseguró la vicecoordinadora Fabiola Loya Hernández.

La extinción de fideicomisos y fondos deja en la indefensión a periodistas y defensores de derechos humanos; a los productores del campo; a las comunidades científicas y tecnológicas y a sus institutos y las universidades que requieren de financiamiento; a los atletas paralímpicos que han puesto en alto el nombre de México; a los hombres, las mujeres, niños y niñas; a los más vulnerables ante los desastres naturales.

“También hablamos de familias cuyo sostén es un micronegocio, de personas víctimas de delitos, en un país donde la justicia tiene todavía mucho qué deber. De académicos e investigadores que destinan todos sus esfuerzos, capacidad y conocimientos a la innovación, ciencia y tecnología y que, en medio de esta Pandemia, se agudiza más la necesidad de impulsarlos”.

Loya Hernández increpó a los legisladores que promueven y respaldan la eliminación de estos recursos: ¿han pensado en las y los miles de mexicanos que se verán afectados?

¿Conocen la cantidad de proyectos de desarrollo regional o de investigación que se verán paralizados? ¿los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y combate al cambio climático que no se cumplirán? Las y los diputados ciudadanos, alertaron que, con este dictamen, los legisladores promoventes y el Gobierno Federal, terminarán de sepultar al campo mexicano y a los agroproductores que, ante la falta de financiamiento, no podrán asegurar sus cosechas y por ende, la manutención de sus familias.

En su turno, la diputada Maiella Gómez Maldonado, añadió que los promoventes y el Gobierno Federal, presionados por el avance agresivo de la pandemia, así como por la deteriorada situación en que mantienen las finanzas públicas, buscan medidas paliativas para afrontar la crisis económica, a través del recorte indiscriminado al gasto público y la concentración irracional de los recursos, lo cual, tiene serias repercusiones en el funcionamiento del Gobierno y en el nivel de cumplimiento de sus obligaciones.

“El mejor ejemplo lo podemos ver en el dictamen que se encuentra a discusión y en las iniciativas que le dieron vida, el cual, sin el menor reparo de las consecuencias e ignorando deliberadamente las voces de quienes participaron en las sesiones de Parlamento Abierto que convocó la Comisión de Presupuesto, como si se hubiese tratado de una simulación, pretende extinguir, bajo un argumento de falta de transparencia; no los 48 fideicomisos y fondos que formaban parte de una primera iniciativa, ni los 54 que sumaban con una segunda, sino 109 que de manera intempestiva y dolosa, aparecieron en un dictamen de último momento”.

Para Movimiento Ciudadano, este dictamen también refleja la peor versión del centralismo mexicano, pues elimina el Fondo Regional y el Fondo Metropolitano; sin estos instrumentos y con la reducción del Gasto Federalizado en el Proyecto de Egresos de la Federación (POEF) 2021, prácticamente se deja a los estados y municipios en total abandono y sin recursos para el fortalecimiento de la infraestructura social, de salud, educación, desarrollo regional y local.

“En resumen, este dictamen no es más que una traición a los mexicanos y mexicanas en su desarrollo y crecimiento, ya que, en medio de un escenario tan crítico en todos los sentidos, resulta insensible que se desproteja a miles de trabajadores y víctimas del delito; solo espero que el intento de arrebatarles a niñas y niños y mujeres con cáncer, a través de la eliminación del Fondo de Salud para el Bienestar (o Fondo para Gastos Catastróficos), no quieran repetirse aquí en el Pleno”, puntualizó Loya Hernández.

En Movimiento Ciudadano votaremos en contra de este dictamen y daremos la batalla en la discusión en lo particular, para evitar que se valide la entrega a ciegas de más de 68 mil millones de pesos.

Estamos convencidos que no abona a combatir la corrupción o a resolver los problemas que enfrentan las finanzas públicas y además, pone en riesgo necesidades básicas de la población y abre la puerta al manejo discrecional de los recursos. Desaparecer estos fideicomisos será un lamentable hecho histórico que será recordado como el atraco múltiple al desarrollo de nuestro país.