Ayotzinapa se ha abierto como una grieta en la realidad mexicana que ha develado la crisis de desaparición y la falta de respuestas por parte de los organismos públicos.

La Comunidad Ibero Puebla reconoce los rostros de los 43 normalistas de Ayotzinapa como los de cualquiera de sus estudiantes. Sus fotografías llevan toda la semana en los espacios comunes del campus, igual que cada septiembre desde 2014. “A los jóvenes de hoy les tocó crecer en un entorno en el que nos ha tocado vivir la violencia de manera directa en nuestras familias”, aseguró el Rector Mario E. Patrón en un foro de reflexión.

El encarcelamiento de Jesús Murillo Karam, principal impulsor de la ‘verdad histórica’ que marcaba las distancias entre el gobierno y el siniestro de Iguala, puede ser un parteaguas en el sistema de justicia mexicano, o bien, convertirse en un testimonio más del uso de la fuerza con fines políticos. Patrón Sánchez destacó que las aprehensiones no han redundado en el esclarecimiento de los hechos.

Son las voces que han luchado en contra de las grandes expresiones de injusticia las que han revelado que las víctimas no tienen instituciones públicas en las cuales confiar. Hilda Hernández y Mario González son ejemplo de ello. Padre y madre llevan ocho años buscando a César Manuel, desaparecido en Guerrero junto a 42 compañeros de carrera.

Con una pancarta con la imagen de su hijo sobre las rodillas, Hilda Hernández expresó al alumnado de la Universidad Jesuita su rechazo a la colusión entre los servidores públicos y las organizaciones criminales. “Nos da coraje porque sabemos que hay mucha gente implicada y no se puede hacer nada para que digan la verdad”.

La llegada de Andrés Manuel López Obrador supuso una luz de esperanza de nuevos procesos de investigación y acción; tras cuatro años de gobierno, los avances son mínimos. “Nuestro dolor nos está carcomiendo por dentro, muchos estamos enfermos. Es lo que no entiende el gobierno”. Y suspiró: “Ya no aguanto. Quiero a mi hijo, que sus compañeros regresen con sus papás y mamás”.

“¿Por qué tengo que ver a mi esposa llorar si nuestro hijo lo único que quiso fue estudiar?”, retomó Mario González. El padre recuerda a César Manuel como un muchacho con anhelos y defectos, con inquietudes y deseos de conocer su entorno. Aunque comprensivo con las críticas a sus modos de proceder, aseguró que todas las luchas deben ser respetadas. “¿Por qué no critican al gobierno?, ¿por qué no exigen a los que atacaron a nuestros hijos?”, cuestionó.

Tras ocho años de búsqueda, comprende que las posibilidades de reencontrarse con César Manuel son escasas. Sin embargo, aseguró: “También tenemos el derecho de exigir la presunción de vida. Si todavía no tenemos ninguna prueba de que nuestros hijos estén mal, tenemos que exigirlos con vida”.

Voces aliadas

El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez ha acompañado el caso Ayotzinapa desde el día uno. Según explicó Sofía de Robina Castro: “La ‘verdad histórica’ quería cerrar el caso porque los 43 estudiantes fueron semilla de una indignación más grande”. La abogada del Centro Prodh considera que el acontecimiento develó la inhabilidad del Estado para dar respuestas claras frente a las exigencias ciudadanas.

La labor de las familias, cobijada por agentes externos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desmontó la ‘verdad histórica’ y logró avances significativos en los sistemas de justicia mexicanos como la creación de una comisión de la verdad. Ayotzinapa se convirtió así en un laboratorio de verdad y justicia para las más de 100,000 víctimas de desaparición en el país.

El informe presentado por Alejandro Encinas corroboró el carácter de crimen de Estado que los activismos señalaron desde el principio. De Robina destacó el símbolo de apertura del dictamen, el cual suponía una ventana sin precedentes para la reparación efectiva del daño y las garantías de no repetición.

Por otro lado, las resistencias también son claras. Las Fuerzas Armadas, empoderadas en el sexenio actual como ninguna otra instancia, tardaron más de tres años en brindar información al GIEI. Por su parte, la fiscalía tampoco ha logrado transitar a ser un espacio garante de derechos. La discordia entre Omar Pérez Trejo y Alejandro Gertz Manero que derivó en la renuncia del primero es la última traba para el caso.

Otro de los organismos aliados ha sido el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Su fundador, Abel Barrera Hernández, reclamó la inacción por parte de los gobiernos frente a la operatividad del crimen organizado en una zona para la cual la escuela normal se convierte en un segundo hogar. Al mismo tiempo, llamó a revelar los intereses de las fiscalías que cancelaron órdenes de aprehensión contra presuntos responsables.

Entre lágrimas, el activista reconoció la lucha de las familias de los normalistas desaparecidos. “Ahí he aprendido a ser defensor de derechos humanos. En medio de esa tragedia que nadie quiere recordar, ahí nos hemos formado”. A Hilda y Mario, les reiteró: “No están solos. Sus hijos viven en la memoria colectiva”.

Sobre la lucha digna han orbitado voces estudiantiles que se rehúsan a olvidar a los normalistas. Durante otro espacio de reflexión, estudiantes de los campus Puebla, Ciudad de México y León de la IBERO, así como del ITESO de Guadalajara y del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, exploraron formas de mirar la violencia a los ojos y actuar en comunidad. “Es nuestra responsabilidad”, coincidieron los panelistas.