El Senado respaldó la Declaración, con 107 votos, a efecto de que este mecanismo internacional pueda recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción, o en nombre de ellas.

La Declaración fue enviada por el Ejecutivo Federal a la Comisión Permanente, el pasado 26 de agosto, y ésta la remitió al Senado de la República para su proceso legal correspondiente.

Al respecto, la Junta de Coordinación Política propuso que se dispensaran los trámites al documento y se pusiera a discusión del Pleno, a efecto de que fuera aprobado en esta primera sesión ordinaria, pues se trata de “un asunto de gran importancia” para el país.

En el oficio enviado por el Presidente de la República se explica que dicho Comité está constituido al amparo de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el cual se encuentra vigente para nuestro país desde el 23 de diciembre de 2010.

Indica que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas calcula que, al 31 de diciembre de 2019, el número de desaparecidos en nuestro país ascendía a 61 mil 637 personas, víctimas de una de las más graves violaciones a los derechos humanos.

Ante la magnitud de esta crisis, se agrega, el gobierno mexicano impuso como prioridad la búsqueda de personas, incluyendo todas aquéllas cuyo paradero se desconoce y se presume

están desaparecidas como consecuencia de cualquier delito.

Explica que el Comité contra la Desaparición Forzada está integrado por diez expertos de gran integridad moral, reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercen sus funciones a título personal, y actúan con total imparcialidad.

Este organismo examina los informes relativos a las medidas adoptadas por los Estados parte para cumplir con la Convención, y formula los comentarios, observaciones o recomendaciones que considera apropiados.

También puede revisar, de manera urgente, toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como todo aquel que tenga un interés legítimo, a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida.

Se precisa que el Comité podrá declarar admisibles las comunicaciones individuales cuando el peticionario haya agotado los recursos internos, a menos que éstos excedan los plazos razonables.

“La declaración de reconocimiento contribuiría al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que en el apartado Política y Gobierno, señala como estrategia específica para asuntos prioritarios y urgentes, la prevención especial de la violencia y el delito, con énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social, entre ellos la desaparición forzada”, se puntualiza en el texto.

El gobierno de México acepta que el reconocimiento de la competencia del Comité será un catalizador para la prevención, investigación y esclarecimiento de casos, además contribuirá a impulsar la reconciliación con base en la verdad, justicia, sanción, reparación y garantía de no repetición, de los delitos en materia de desaparición forzada de personas.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, mencionó que la Declaración, además de generar un beneficio a las víctimas de desaparición forzada, contribuirá a combatir este delito y alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad, por lo que se justifica que, de manera urgente, el Senado resuelva sobre la aprobación de este documento.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, asentó que si este instrumento se hubiera aceptado en 2010, como lo planteó la izquierda, “quizás hubiéramos tenido justicia en Ayotzinapa, Tlatlaya o Allende” y en muchos otros casos en los que se pedía la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada.

No se trata, asentó, de un asunto más, sino de un tema de la mayor trascendencia, porque si en este momento se tuviese la aprobación de la declaratoria, los 62 mil familiares de las víctimas podrían acudir a solicitar la investigación de los casos.

Será un trabajo impresionante, consideró, porque es un desafío para el Estado mexicano. “Creo que no estamos dimensionando la gravedad del asunto, porque ahora sí se podrán investigar, a petición de este organismo, las desapariciones forzadas y solicitar al Estado que aclare los casos y la reparación del daño a las víctimas.

“No es un instrumento internacional más, es un gesto, un acto, un evento de una congruencia impresionante del titular del Ejecutivo Federal, que está desafiando un estatus quo que nadie pudo eliminar y que generó impunidad todos estos años”, expresó.

Por la Comisión de Derechos Humanos, su presidenta, la senadora Kenia López Rabadán, consideró que aceptar la competencia del Comité es muy importante y un logro de los familiares de los colectivos y de organizaciones de víctimas, que durante años han exigido este reconocimiento.

Sin embargo, dijo, es necesario señalar que este acto es sólo un paso para erradicar la desaparición forzada y lograr la localización de víctimas, ya que son los familiares los que se han dedicado, con sus propios medios y manos, a la búsqueda de los desaparecidos y que han descubierto decenas de cementerios clandestinos. Con ellos, afirmó, el Estado mexicano está en deuda.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, resaltó que no aceptar ayuda externa en esta materia, quizás explica por qué los gobiernos incurrían en tantas prácticas, que no resistían el escrutinio foráneo.

A favor, la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, convocó al Estado a revisar su estrategia de readaptación social y fortalecer la capacitación y compromiso con los derechos humanos en sus estructuras policiacas federales, estatales y municipales. Además, exhortó a que se realice un esfuerzo comprometido y no se permita la violación de los derechos humanos, ni el tráfico de personas, niñas y niños.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis Martínez señaló que Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla y Tamaulipas, son los estados que más cuentan con víctimas de desaparición forzada. “Debemos estar a favor del compromiso del respeto a los derechos humanos que deberíamos tener todos y todas”.

El senador Martí Batres Guadarrama, de Morena, aseguró que hubo resistencias de los gobiernos anteriores para reconocer y concretar este Comité, “pero por fin se da esta histórica declaración”. Con “la guerra contra el narco”, dijo, desaparecieron decenas de miles de personas, por ello, “es bueno que el Senado lo discuta y que exista un consenso inmediato a dicha aprobación”.

Rogelio Israel Zamora Guzmán, senador del PVEM, advirtió que es tan grave la desaparición forzada, que cuando se da de manera reiterada se trata de crímenes de lesa humanidad. Y son todos los arrestos, secuestros o cualquier tipo de privación de la libertad que realiza el Estado de manera ilegal, con el ocultamiento de la suerte o el paradero de las personas.

La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, de PT, expresó: debemos brindar todas las herramientas que faciliten a las víctimas la búsqueda y recuperación de sus familiares, la reparación integral del daño y la verdad histórica. Con ello, asentó, apoyaremos a regenerar el tejido social y sanar las heridas de miles de mexicanos, afectados por la violencia desde hace casi 20 años.

En su intervención, la senadora Marcela Mora Arellano, de la bancada del PES, dijo que no es casualidad que los gobiernos anteriores se hayan negado a aceptar la participación del Comité, pues sabían que esto les permitiría seguir actuando con impunidad. “Justicia y reparación del daño; vivos se los llevaron, vimos los queremos”, sentenció.

A su vez, el coordinador de la fracción parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reconoció la decisión tomada por el Ejecutivo para dar un instrumento jurídico a la lucha contra la desaparición forzada. “Hoy estamos sumándonos de manera pronta y expedita para dar el cumplimiento por parte del Estado mexicano con esta aprobación”, puntualizó.

El senador José Narro Céspedes dijo que en el marco de la aprobación de la declaración, el próximo 3 de septiembre, el Presidente de la República encabezará un acto de disculpa pública por la responsabilidad del Estado mexicano, al cumplirse 22 años de la masacre de Acteal.

En tanto, el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que México vive una catástrofe en materia de desaparición forzada. El instrumento aprobado contribuirá ante las más de 73 mil 200 personas desaparecidas, aunque llega 10 años tarde debido a un error del Senado en 2008.