Las instituciones confiadas a la Compañía de Jesús refrendan la encomienda de convertirse en ágoras de propuestas y plataformas de acción con miras a construir entornos más seguros y justos.

Este año se realizó la jornada de reflexión universitaria celebrada por la Ibero Puebla. El aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha quedado marcado en el calendario institucional como una fecha de denuncia y acción colectiva. En tiempos recientes, también ha sido aliciente para volcar a la Comunidad Estudiantil a una serie de ejercicios de reflexión sobre el papel de las universidades jesuitas frente a un mundo roto.

Mario Patrón Sánchez encabezó el evento con un llamado a adoptar la cultura del cuidado como una actitud que haga frente a las violencias que se han apropiado de los entornos públicos y privados. “Hablamos del cuidado como algo que se construye con actos y lazos comunitarios”.

La jornada ha sido una oportunidad para honrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero también a los sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua y a las miles de personas que han sido víctimas de violencia en los últimos tiempos. Año con año, su finalidad es iluminar acciones que la IBERO Puebla lleva a cabo junto a actores sociales con el fin de encontrar respuestas esperanzadoras.

Los espacios de reflexión deben ser el inicio de un trabajo que permita impulsar la colección de voces y miradas universitarias. “Muchas gracias por apostar con nosotros para hacer de las palabras semillas de las que broten frutos de esperanza”, cerró el Rector.

Jesuitas frente a la injusticia

La Compañía de Jesús se estableció en la Nueva España en 1608. Tras años de resistencia por parte de las poblaciones rarámuris, se llegó a una interacción recíproca que permitió procesos de diálogo con pleno respeto a las tradiciones nativas. El intercambio ha encontrado diferentes cauces a lo largo de la historia después de la expulsión de los jesuitas en 1767 y su eventual regreso en 1816.

Javier Campos y Joaquín Mora, los sacerdotes asesinados en la sierra Tarahumara en junio pasado, son prueba del diálogo de saberes que tiene lugar en la región. Como explicó el periodista Luis Hernández Navarro durante el último conversatorio de la jornada, ambos jesuitas contribuyeron a la promoción de la Iglesia autóctona, una que convertía a los pobladores en constructores de su propia fe y no en objetos de evangelización.

Sus labores, como mandata la espiritualidad ignaciana, estuvieron centradas en la protección de los descartados del mundo. Es así que ambos padres, que habitaron la sierra por más de 50 años, dieron sus vidas para proteger a una persona que era perseguida por el crimen organizado.

El corredor El Paso-Juárez es uno de los más rentables para el tráfico de drogas. La DEA estadounidense estima que hasta el 70% de la cocaína que llega hasta el norte de América lo hace por esa vía. “Lo que se vive en la Tarahumara es una narcosierra que ha hecho de ese modo de vida algo ordinario”, lamentó el periodista.

Ignacio Ellacuría, SJ fue asesinado cuando era rector de la UCA de El Salvador. El sacerdote se convirtió en un mártir de la comunidad jesuita, pero también en una de las máximas fuentes de conocimiento para articular las bases de un paradigma pedagógico de inspiración ignaciana.

Uno de sus principales legados es la máxima encomienda de la universidad: hacerse cargo de la defensa de las mayorías populares históricamente desposeídas. “Las universidades son históricas y políticas”, pensaba Ellacuría. Al mismo tiempo, proponía que la verdad emanada del conocimiento debía ser utilizada como herramienta para llegar a la justicia.

Expuso Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Ibero Puebla: “Una universidad jesuita tiene que hacerse cargo de la realidad. Por un lado, está la excelencia académica, pero la otra dimensión es la transformación social: formas hombres y mujeres sensibles. Ese es el sello de las universidades jesuitas”.

La Universidad se sitúa en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos: trata de personas, violencias de género, discriminación, muertes violentas e impunidad, entre muchas otras. El deber de los colegios jesuitas, agregó, es la formación de personas que pongan sus competencias y sensibilidades en el acompañamiento a las víctimas de violencia.

Desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México se ha encontrado que las personas, de manera general, no ven salida de las violencias; su mayor preocupación es que sus vidas sean controladas por la criminalidad. Este espacio define la seguridad como un “bien público que habilita modos de convivencia democráticos para reducir los temores y daños”.

Para Ernesto López Portillo, colaborador del programa, las crisis de violencia han sido prolongadas por el uso desmedido de la fuerza, así como la persistencia de políticas públicas de gobierno con enfoques unilaterales, la predilección por el saber policial y la reproducción de prácticas machistas.

Entre las alternativas que ofrece el programa se encuentra la consolidación de espacios de incidencia ciudadana; la construcción de plataformas que configuren nuevas narrativas; la creación de programas de educación especializados, y una reforma policial democrática.