Hay registro de más de 90 mil personas de las que se desconoce su paradero.

Ante la grave situación de personas desaparecidas en México, el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” consideró que los integrantes del Congreso de la Unión deben actuar y garantizar que cada una de ellas sea buscada hasta encontrarla.

“La desaparición, en particular la forzada, es uno de las más graves violaciones a los derechos humanos, ya que vulnera no sólo a las víctimas y su entorno familiar, sino al social, y crea incertidumbre y terror -casi permanente- sobre el paradero o suerte de las víctimas”, señaló.

A través del abogado José Antonio Lara Duque, el colectivo afirmó que víctimas y familiares deben tener el respaldo del Estado mexicano para garantizar una búsqueda eficaz e inmediata hasta saber de su paradero, “ya que toda persona tiene derecho a ser buscada”.

Se sabe que el México no sólo se han revelado casos de desaparición forzada, por particulares, sino también de trata de personas y extravío, eventos que suman a más de 90 mil personas de las que se desconoce su paradero, de las cuales 23 mil 645 son mujeres y 71 mil 393 hombres, y 518 casos no están determinados, sin contar a personas migrantes.

“Estas cifras que emanan del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas develan una severa crisis, ya que, si sumamos la cifra negra entre 2015 y mayo de 2022 tendríamos que adicionar 5 mil 468 víctimas registradas por trata de personas.

“Según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el foco de estos lamentables eventos se ubica en la región centro del país (que incluye la ciudad de México, estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Michoacán e Hidalgo) entidades que concentran 46 por ciento de los casos”, dijo.

Por ello, el abogado explicó que el Estado debe comprometerse a garantizar una debida búsqueda, localización e identificación, haciendo uso de las instituciones y mecanismos, y por ello es necesario adecuaciones del Poder Legislativo.

“Es fundamental garantizar el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada, con acciones concretas de las instituciones del Estado, con capacidad sin límite para encontrar su paradero y responder al derecho de la vida, la verdad y justicia”, explicó.