El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister» instó a los integrantes del Congreso de la Unión, de manera particular a los integrantes de la Cámara de Diputados, a iniciar un debate para perfilar las adecuaciones al marco legal para fortalecer los organismos autónomos en México.

Su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández recordó que es un asunto de derechos humanos, ya que “es importante proteger la solvencia y la independencia de estos organismos, fundamentales para la vida republicana y democrática del país; que representan el interés público”.

Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, enfatizó que, “es una obligación analizar si es necesario legislar para garantizar la independencia, la autonomía de operación, la solvencia presupuestaria y otros aspectos cruciales de estos organismos”.

El doctor en derecho subrayó que, al no abordar estas reformas fundamentales, podría llevar a problemas similares a los de países cuyas instituciones se han deteriorado con el tiempo; incluso, recordó que hace meses entró en un impasse el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) al quedar sin el número de integrantes para deliberar y emitir acuerdos.

Por este motivo, el abogado litigante reconoció a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para permitirle al INAI ejercer sus atribuciones y competencias constitucionales de manera efectiva sólo con los consejeros vigentes. “Esto es crucial para resolver los numerosos asuntos pendientes en materia de transparencia y protección de datos”.

Fierro Hernández resaltó que los organismos autónomos contribuyen significativamente a la gobernabilidad eficiente y a una relación adecuada entre la autoridad y la sociedad, por ello, mencionó ejemplos como la autonomía del Banco de México en la estabilidad monetaria, la credibilidad en las elecciones a través del INE y la transparencia y acceso de información pública gracias al INAI.

Además, recordó que los órganos constitucionales autónomos juegan un papel fundamental en el equilibrio de poderes y la promoción de la democracia. “Estas instituciones operan al margen de los tres poderes de la Unión, y garantizan su independencia y eficacia a favor de toda la población. A lo largo de la historia, han demostrado su importancia en áreas cruciales como la transparencia, la justicia, los derechos humanos y la competencia económica.

“Se sitúan en una condición de igualdad jurídica con los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Aunque el Presidente de la República propone a sus titulares, su ratificación o propuesta adicional recae en la Cámara de Diputados o el Senado de la República. Esto asegura un proceso de designación que involucra a múltiples actores y reduce la influencia unilateral”, expuso.

Fierro Hernández recordó que no están sujetos a los poderes políticos en cuanto a sus funciones, estructuras organizativas o remoción de titulares. En cambio, su desempeño está regulado por mecanismos constitucionales que garantizan la rendición de cuentas y la protección de sus misiones y facultades.