La situación actual del agua en México es crítica; la crisis tiene mucho más que ver con las decisiones sobre su manejo que con causas demográficas o naturales, y aumenta la conflictividad ligada con el acceso al agua, sentencia Claudia Elvira Romero Herrera, investigadora de la Red Waterlat-Gobacit.

«Basta con mirar las cifras, índices e indicadores de los informes oficiales y de la sociedad civil, las conclusiones de investigaciones académicas o el dramático aumento en las agresiones y asesinatos de defensores ambientales, en particular defensores del agua, en lo que va del siglo, para darse cuenta de ello», explica Romero Herrera.

La ley regula el manejo y pretende encontrar equilibrio social, pero la creciente movilización de afectados por contaminación y despojo de aguas en México, demuestra que esto no se está logrando. Hay un debate añejo respecto de si lo que provoca desigualdad e injusticia en estos contextos es la legislación, la falta de ésta o la forma de aplicación. Todas tienen algo de verdad.

“Hay un endeble Estado de derecho, donde la discrecionalidad y corrupción convierten leyes en letras muertas. Por otro lado, las lagunas normativas de la Ley de Aguas Nacionales, todavía anclada a paradigmas y prácticas superados o francamente fallidos, entre el más destacable el de mirar al agua como un “sector” separado del resto del territorio”.

Nuestra legislación, vigente desde 1992, ha virado principalmente hacia dos rumbos, que responden también a tendencias globales. La sujeción paulatina del manejo del agua a la lógica mercantil, y por otro lado el reconocimiento constitucional en 2012 del agua y el saneamiento como derechos humanos, contenidos en tratados internacionales firmados por México.

Las consecuencias de la crisis del agua está ampliamente documentada: acaparamiento y desigualdad en el acceso, por un lado, y contaminación en impunidad, por el otro; la compraventa de un bien nacional público, por definición inapropiable, a través de la figura de transmisión de derechos; el subregistro o doble registro de caudales, usos y usuarios, con lo que aguas de uso agrícola terminan empleadas en industria o servicios, y la sobreexplotaciòn de las aguas de cuencas con déficit. Estas son solo algunas de las cosas que posibilita el sistema actual, analizadas en la investigación “Los millonarios del Agua”, recientemente publicada por Mexicanos Contra la Corrupción.

Refiere la investigadora que desde principios de 2019 las grandes fuerzas políticas, sociales y económicas interesadas en el destino de las aguas han articulado enormes esfuerzos para posicionar propuestas ante el nuevo escenario político.

“La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados organizó 36 foros en la república; la Comisión Nacional del Agua emprendió sus propias mesas de trabajo. En ambos casos participaron el Consejo Coordinador Empresarial y Agua para Todos, que presentarán sus propias iniciativas de ley. Otra más se trabaja en un subgrupo del Grupo Parlamentario de Morena.

Mientras tanto, los conflictos locales se agudizan. León Fierro y Miguel López fueron encarcelados -luego liberados- por defender el agua en Mexicalli y Puebla, respectivamente. Samir Flores fue asesinado en Morelos. En Ecatepec surgieron balazos por el agua en diciembre de 2019. El mismo mes, eurodiputados salieron escandalizados del país tras la Caravana Toxi-Tour por las aguas contaminadas de México y recién se reveló que el Gobierno encubrió 10 años el envenenamiento de niños por aguas contaminadas en Jalisco.

En la discusión de la ley de aguas, México enfrenta el riesgo de agudizar sus problemas, pero también la oportunidad de revertirlos. El 4 de febrero, la red más grande de organizaciones y pueblos por el agua en el país presentará al Congreso una iniciativa ciudadana de Ley, mientras que la Comisión de Recursos Hidráulicos anunció la propia para el 26 de febrero.

Si recibe la prioridad que merece, la nueva Ley General de Aguas tendría que añadirse a la agenda legislativa de febrero-abril 2020. De lo contrario, el mensaje será alarmante. Baste recordar las vedas liberadas en junio de 2018 en lugares estratégicos para mineras, petroleras y refresqueras; las mil 204 nuevas concesiones otorgadas ese mismo mes o el “repentino” incendio de la documentación del piso 9 de la Conagua en marzo de 2019.

Considera Romero Herrera que el agua no es ni debe ser un tema exclusivo de los especialistas. “Bajo la tradición tecnócrata, el manejo del agua parece algo alejado del cotidiano sobre lo que no tenemos posibilidad de opinar. Sin embargo, los puntos más controversiales, el sistema de concesiones y el servicio público, son el fondo un asunto sencillo ¿de quién y para quién es el agua?”.

Finalmente, le parece inadmisible la visión que pone al agua en una lógica de mercado, como bien escaso y que tiene precio, que asegura que “sí va a haber agua, pero habrá que traerla y pagarla”.

Con ello, el paradigma del agua como derecho ligado a la alimentación, salud y medio ambiente sano, que prioriza al agua como la base de la vida en todas sus formas, es lo que se juega detrás de “Agua para todos, agua para la vida”.