El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, exhortó a los congresos locales aprobar a la brevedad la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, que será una de las herramientas que utilice el gobierno federal para establecer una política de largo aliento en el combate a la inseguridad pública.
No obstante, a la espera de que por lo menos 17 congresos estatales aprueben la reforma en materia de Guardia Nacional, el diputado de Morena pidió trabajar cuanto antes en las cuatro leyes reglamentarias, que deberán quedar listas a más tardar en 90 días.
Las leyes que deberán ser aprobadas para darle viabilidad y reglamentación a la Guardia Nacional son las de la Guardia Nacional; Sobre el Uso de la Fuerza; General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la Nacional del Registro de Detenciones.
“Estamos listos para trabajar a la brevedad en la elaboración de estas leyes, así como las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de manera abierta, como lo hemos hecho a través del parlamento abierto”, subrayó.
El legislador destacó la importancia de un trabajo coordinado entre representantes del Congreso, del gobierno federal, especialistas, académicos y de la sociedad civil en la construcción de esos instrumentos legales.
En el caso de la Ley de la Guardia Nacional, debe quedar lista en 60 días, y es de gran importancia, pues en ella se establece lo concerniente a la estructura jerárquica; regímenes de disciplina, delitos y sanciones.
Asimismo, responsabilidades y servicios; ascensos; prestaciones; ingreso; educación; capacitación; profesionalización, así como el cumplimiento de las responsabilidades y tareas que puedan homologarse en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente.
Sobre la Ley Nacional del Registro de Detenciones, el morenista comentó que se deberán incorporar, entre otras cosas, las características del Registro y los principios que rigen su conformación; el momento de realizar el registro de la persona dentro del procedimiento de arresto; el tratamiento de los datos personales del detenido.
En lo que respecta a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, (que debe quedar lista en 90 días) explicó que se establecerá la finalidad y el alcance; los sujetos obligados al cumplimiento del ordenamiento y los derechos y las obligaciones de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, así como la sujeción del uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad.
Mientras tanto, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública servirá para fijar la normativa sobre la formación y actuación de las instituciones de policía encargadas de la seguridad pública, así como la regulación del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública.
El presidente de la Junta de Coordinación Política recalcó que la Guardia Nacional es una institución federal que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, su actuación se regirá bajo las condiciones, límites y contrapesos que establecen la Constitución y las leyes.
No obstante, esa herramienta es una parte solamente de la estrategia de seguridad y paz que implementará el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde destacan acciones como la aplicación de programas para atender las causas sociales que desataron la violencia.
Por lo tanto, el desafío es recobrar no sólo la tranquilidad de los ciudadanos, sino de recuperar y construir la confianza en una institución policial altamente especializada como lo será la Guardia Nacional, aprovechando el reconocimiento de siete de cada 10 mexicanos en la labor que las Fuerzas Armadas han desplegado en esa materia.
Acompañado a estas acciones están los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, subsidios para dinamizar el campo mexicano y generar valor agregado en muchas regiones que hoy están tomadas por la delincuencia, así como un plan integral para erradicar la corrupción y construir un verdadero Estado de derecho, puntualizó.