Con el asesinato de la abogada en Tijuana, Baja California, Patricia Susana Rivera Reyes, suman 102 personas defensoras asesinadas desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, “situación que pone al país en un grave déficit en la atención de los derechos fundamentales”, así lo consideró el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.

“Durante la administración federal se han registrado el asesinato de más de 33 personas que ejercen el periodismo de manera profesional y más de 115 mil personas en situaciones de homicidio; son cifras que hacen pensar que en México tenemos una grave crisis de derechos humanos y protección a la sociedad”, dijo el abogado José Antonio Lara Duque.

El integrante del colectivo, consideró que con el asesinato del pasado 19 de marzo de la defensora de comunidades indígenas, no sólo se vulnera el derecho a la vida, sino que “evidencia la falta que mantiene el Estado mexicano con los derechos humanos de los integrantes de la sociedad mexicana.

“El evitar los hechos de violencia y garantizar la vida de los ciudadanos es una primera consigna plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la que México está suscrito” expresó.

El litigante afirmó que instituciones como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los gobiernos de cada entidad federativa son los responsables quienes deberían garantizar la vida de las personas, “que cada vez se nota que están rebasadas”.

“El espíritu de que se organicen las personas y desarrollen un trabajo profesional para defender las garantías individuales, es precisamente la consecuencia de esta falta de atención a problemas o atropellos que la ONU intenta garantizar a las sociedades de todo el mundo”, sostuvo.

De manera lamentable, agregó, estos impactos de violencia son, en su mayoría, invisibles, ante la inacción de la CNDH y de las oficinas de las comisiones que deberían proteger los derechos humanos en todo el país; de ahí la importancia de las acciones de los organismos de la sociedad civil que funcionan como un equilibrio para evitar abusos.

“Quienes integramos el “Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” nos mostramos muy preocupado por la situación que se vive en el país, mucho más sangrienta que de lo que pudiera ser producto de una guerra, por lo que hacemos un llamado a la titular del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Michell Bachelet ,para que se manifieste ante esta grave situación, expresó el litigante.