La diputada Mariana Nassar Piñeyro (PRI), refirió que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia obstétrica es aquella que sufren las mujeres durante el embarazo y el parto, al recibir un maltrato físico, humillación, abuso verbal o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos.

Durante el Conversatorio “La Violencia Gineco-Obstétrica en México”, al cual convocó, aseguró que en nuestro país se estima que tres de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia obstétrica, por lo que urge respetar la autonomía de la mujer, su integridad y su capacidad para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva.

Añadió que “hoy por hoy estamos pendientes de que el Senado pueda discutir un dictamen que aquí en esta Cámara aprobamos el 15 de marzo de 2022. Es un dictamen con proyecto de decreto que reforma varias disposiciones de la Ley General de Salud, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en específico en materia de violencia obstétrica; sin embargo, esta minuta fue turnada al Senado y al día de hoy no hemos tenido respuesta para la discusión”.

La parlamentaria indicó que “visibilizando, hablando y tocando estos temas vamos a tener sensibilidad para que pronto en comisiones puedan discutir el dictamen y que si no hay cambios, se pueda votar y que sea en el periodo legislativo que termina en agosto 2024, que esta ley pueda ser una realidad”, ya que la violencia obstétrica, sin duda, ha visibilizado una problemática estructural presente desde hace mucho tiempo, pero que no se reconocía como tal, debido a que había sido profundamente naturalizada, y normalizada que es lo peor.

Nassar Piñeyro explicó que esta violencia de género ocurre en los hospitales públicos y privados de nuestro país, por lo que es importante visibilizarla debido a que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica del Inegi, en los últimos cinco años el 31.4 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años de edad, que tuvieron un parto o una cesárea, experimentaron algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendían en el parto o en la cesárea y la prevalencia de maltrato obstétrico es mayor cuando estas mujeres pasan por el procedimiento de cesárea, donde aumenta al 33 por ciento.

La diputada federal por Oaxaca abundó que al hacer una referencia y comparativa con los datos del año 2022, también del Inegi, cuando dan la prevalencia y la tasa en cuanto a muertes gestacionales, las entidades de todo el país con mayores casos de violencia gineco-obstétrica son San Luis Potosí, Tlaxcala y la Ciudad de México.

“Y cuando nos vamos a revisar también la tasa en donde los estados han tenido un mayor porcentaje de muerte gestacional, nos dimos a la tarea de encontrar esta relación en donde también el primer lugar de las muertes gestacionales se obtiene en San Luis Potosí, en segundo la Ciudad de México y el tercero Aguascalientes”.

Aseveró que “a mayor violencia obstétrica, lamentablemente los casos en donde hay fallecimiento de nuestras hijas o hijos puede ser mayor”.

Agradeció a los representantes de todos los colectivos porque es urgente que tengamos esta definición en la ley, porque son muchos los profesionales de la salud que actúan bajo la ética y principios, pero lamentablemente hay muchos que no, y en algunos estados esto va en aumento.

Las personas participantes en el conversatorio destacaron que las autoridades sanitarias, tanto públicas como privadas, deben garantizar la aplicación adecuada y efectiva del requisito de obtención del consentimiento informado basado en los derechos humanos de las mujeres.

También, el consentimiento libre, previo e informado en todos los procedimientos médicos, específicamente en las cesáreas y otros tratamientos durante el parto, así como el derecho de la mujer a estar acompañada por una persona de su elección durante el parto.

En la actualidad, algunas entidades federativas han optado por incluir la violencia obstétrica como un delito en sus códigos penales, pero esos son muy pocos los estados; hoy lo tienen Veracruz, Chiapas, Estado de México, Quintana Roo y Guerrero. (JCHW)

Foto: Cámara de Diputados