El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver a la brevedad el recurso de reclamación que interpuso la Fiscalía General de la República sobre el caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En una carta que envió al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, Monreal Ávila afirmó que “es un hecho notorio que en el estado de Tamaulipas prevalece, al día de hoy, una situación de zozobra, inestabilidad y de debilitamiento institucional y social”.

Lo anterior, agregó, porque no sólo el gobernador y el Congreso estatal ponen en crisis el Pacto Federal, sino que, además, grupos del crimen organizado se han aprovechado del descontrol gubernamental para “inducir a una violencia sin precedentes, con ataques como los cometidos en contra de la población civil, el pasado sábado en diversos municipios del estado”.

“Nos parece muy delicado que a lo largo de tantos días la Corte no haya resuelto un tema tan sensible para la población de Tamaulipas, la cual está sufriendo los estragos de la violencia, la inseguridad y la falta de conducción y coordinación institucionales”.

En este sentido, acotó Monreal Ávila, no se debe soslayar que la tardanza en resolver de fondo la reclamación planteada ha provocado que se cometan con premura inconsistencias y barbaridades constitucionales en detrimento de la sociedad tamaulipeca.

En la misiva, el senador recordó que el 30 de abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen relativo al procedimiento de declaración de procedencia, que fue solicitada por la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García cabeza de Vaca.

La resolución aprobada por el pleno de la Cámara Baja fue comunicada en tiempo y forma al Congreso de aquella entidad federativa, pero en contra de esa determinación, el Congreso de Tamaulipas interpuso una controversia constitucional ante la SCJN, en la que se designó, como ministro instructor, a Juan Luis González Alcántara Carrancá.

El 14 de mayo de 2021, continuó Monreal, el ministro instructor desecho de plano la controversia constitucional por notoria y manifiestamente improcedente; sin embargo, al resolverla se dejaron puntos inexactos y ambiguos sobre la inmunidad del gobernador, lo que ha provocado una crisis institucional.

Por ello, el 17 de mayo de 2021, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, interpuso ante la Corte el recurso de reclamación por el desechamiento de la controversia constitucional, el cual fue admitido a trámite el 24 de mayo de 2021, hace un mes exactamente, ordenándose el registro y la formación del expediente electrónico correspondiente.

“Nuestra inquietud es auténtica y legítima, no debe pasar desapercibido que el Senado de la República, como integrante de los Poderes de la Unión, es garante del Pacto Federal.

Mismo que se formó como consecuencia de la voluntad de estados autónomos, los cuales encuentran representación directa en esta Cámara Alta y están obligados a vigilar y hacer cumplir, en el ámbito de sus competencias, las normas que garanticen el mantenimiento del orden federal establecido.

Las disposiciones constitucionales y de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política, justificó el senador, prevén la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplique una consideración preferencial a la resolución de determinados medios de impugnación, que las Cámaras del Congreso así lo soliciten y siempre que existan las condiciones sociales que lo justifiquen.

Esta misma consideración de resolución preferencial puede ser justificada por el Pleno de la Corte, como lo permite el artículo 9 bis de la Ley Reglamentaria.