Los derechos de las diversidades sexogenéricas son una extensión de las garantías individuales de las que deben gozar todas las personas sin excepción.

“Bienvenidas sean las almas rotas / al lugar que las acoge como reinas. / Hemos de coexistir en paz todos los arcoíris del firmamento. […] El respeto a la diferencia no será impuesto / será algo que crecerá natural”. En su poema Reinado, el estudiante de la Ibero Puebla Diego Salamanca Cobos imagina un mundo en el que las diferencias brillan y se entremezclan con armonía plena.

Con tales ánimos dio inicio una conferencia magistral en la Universidad Jesuita relacionada con los desafíos en torno a los derechos humanos de las personas LGBT+. “Desde la Universidad tenemos que seguir haciendo esfuerzos para transversalizar los derechos de todas las personas”, aseguró Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Ibero Puebla.

Los avances

Junio visibiliza un orgullo que es permanente para quienes lo viven. Es la oportunidad para sumar a más personas a las arengas victoriosas de todas aquellas personas que han tirados las puertas del clóset, pero también de recordar las conquistas generacionales a nivel social y jurídico.

Ya sea abreviado o extendido, el acrónimo LGBT+ constituye una comunidad de comunidades. Cada una de las letras que integran el macrocolectivo de la diversidad sexogenérica engloba poblaciones diversas entre sí, lo que supone múltiples realidades sociales, psicoemocionales y legales.

En la última década, las políticas públicas de América Latina en materia de género y diversidad sexual han tenido avances significativos. Criminalización de los mensajes de odio, matrimonio igualitario y reconocimiento a las identidades son grandes ejemplos de ello.

Durante su ponencia, Fanny Gómez Lugo, profesora de la Universidad de Georgetown, identificó tres categorías en cuanto a los progresos en marcos regulatorios en el Cono Sur. México, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Ecuador son los que más avanzado en los últimos diez años hacia políticas que protegen a la comunidad LGBT+. Mientras tanto, en Costa Rica, Panamá, Bolivia, Brasil, Honduras, El Salvador y Cuba los marcos normativos son insuficientes.

Existe preocupación especial por Venezuela, Paraguay, República Dominicana, Nicaragua y Perú, lugares en donde la cultura homofóbica continúa institucionalizada. “Cuando hablamos de los avances, tenemos que entender que estos no han sido necesariamente suficientes o que hay problemas con su implementación”.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU ha jugado un papel fundamental para normalizar las identidades a nivel internacional. La campaña Vivir libres e iguales ha colocado la agenda de las disidencias en las discusiones públicas de la mayoría de los países. Y esto ha detonado resistencias.

Retos y voces adversas

Países africanos, caribeños y de Oriente Medio han mostrado su rechazo hacia estos avances al considerarlos discursos intervencionistas por parte de Estados Unidos. Ante ello, la activista contraargumenta: “No son derechos especiales. Es el principio de no discriminación llevado a la esfera de la orientación sexual y la identidad de género”.

Las personas LGBT+ enfrentan diversos obstáculos en el acceso a la justicia. Aunado a los prejuicios presentes en el resto de los ámbitos de la vida, existen temores a revictimización, falta de mecanismos apropiados y una insensibilidad generalizada por parte de las autoridades.

Explicó Fanny Gómez: “La gran mayoría de asesinatos de personas lesbianas, gais y bisexuales inicialmente se caracterizan como delitos derivados de emociones; el típico ‘crimen pasional’. Cuando se inicia una investigación prejuiciada el caso no se resuelve”. En el caso de las mujeres trans, las indagatorias inician desde el supuesto de que las afectadas estaban involucradas en actividades delictivas.

En febrero de 2020, México ratificó la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia impulsada por la OEA en 2013. En ella se establecen criterios fundamentales para tipificar las agresiones contra personas LGBT+, sustituyendo el concepto de ‘fobias’ por ‘prejuicios’. “La violencia por prejuicio involucra a la sociedad entera. La persona que agrede lo hace porque responde a un patrón social”.

Los movimientos LGBT+ también deben lidiar con numerosos grupos antiderechos. De acuerdo con la radiografía de Fanny Gómez, estos grupos sociales y políticos han deslegitimado los estudios de género en favor de lo que se consideran ‘valores familiares’: La figura de la defensa de las infancias ha sido utilizada como bandera reactiva contra las agendas de la diversidad sexogenérica.

Incluso, los grupos contrahegemónicos han encontrado fricciones entre sí. Fracciones como el feminismo trans excluyente (conocido en inglés como TERF) desconoce la identidad de las personas trans, situación que ha sido explotada por otros grupos antiderechos. Ante cualquier expresión que atente contra la calidad de vida de las personas LGBT+, la abogada sentenció: “Se maneja un discurso cada vez más vacío de contenido y lleno de prejuicios”.

La Ibero Puebla se suma a la conmemoración del Día Internacional contra la LGBT-fobia y el Día del Orgullo con una serie de actividades para sensibilizar e informar sobre la importancia del reconocimiento y respeto a las diversidades sexogenéricas.