Niñez y adolescencia de nuestro país perdieron su derecho de apropiarse de las calles, que por mucho tiempo fueron lugares de juego, los que hoy en día no lo son. “Las calles son un espacio donde se enfrentan a riesgos que comprometen su integridad, su futuro y su vida; eso tiene que cambiar rápido”, afirmó la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), adscrita a la Secretaría de Gobernación, Constanza Tort San Román.

Al participar en el foro ‘Tengo derecho a moverme de forma segura, perspectiva de niñez y adolescencia’, la servidora pública destacó que las iniciativas planteadas para la armonización de diversas leyes en esta materia por el Senado de la República, pone en el centro del debate derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.

Señaló que, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Sipinna nacional realizó la consulta ‘OpiNNA: juguemos en las calles’ en las 32 entidades federativas, en la que participaron alrededor de 28 mil niñas, niños y adolescentes, quienes dijeron que una de sus principales preocupaciones es la dificultad de movimiento, en especial para las personas con discapacidad que permanentemente enfrentan toda clase de barreras.

Destacó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó, por primera vez en 2021, una georreferenciación de los accidentes de tránsito en zonas urbanas, donde señala que la mayor incidencia se concentra en 72 municipios de 28 entidades federativas y en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

En el marco del foro convocado por la Comisión de la Niñez del Senado, la Coalición Movilidad Segura y la Red por los Derechos de la Infancia en México, Tort San Román destacó que el tema de la movilidad debe tener normas de acuerdo con las características específicas de cada ciudad y cada comunidad, pues “los problemas que enfrentan las grandes urbes no son los mismos que enfrentan las pequeñas o las zonas rurales.”

Recordó que en 2016 el Sipinna nacional emitió un acuerdo para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fuera instancia invitada permanente del sistema, a fin de impulsar el diseño y formulación del Programa Nacional de Desarrollo Urbano que incluyese el derecho fundamental de las y los menores de 18 años a la movilidad, lo que quedó cristalizado en la iniciativa de reformas.

En este contexto -dijo- la Sedatu debe establecer y garantizar una política nacional que propicie las condiciones idóneas para crear ambientes sostenibles y sanos, para que la niñez y adolescencia dispongan de espacios que coadyuven a consolidar su identidad, bienestar y su adecuado desarrollo, con base en el reconocimiento de que son personas con plenos derechos.

“La coordinación entre entidades públicas, en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno, es indispensable y debe fortalecerse de manera permanente para el seguimiento e implementación de esta iniciativa”, enfatizó Tort San Román.

En el evento participaron niñas y niños del Comité de Opinión de la organización civil Save the Children, quienes expresaron la necesidad de que las calles, escuelas y transporte sean accesibles para las personas con discapacidad. «En la ciudad debe haber vías adecuadas para personas con capacidades diferentes y todos debemos ser empáticos con ellas», indicó Paola de 12 años de Puebla.

Por su parte, Medardo de 15 años de Sinaloa, señaló que esta iniciativa eliminará las lagunas -legales- que se tienen cuando existe algún accidente y con ello podrá defenderse a los peatones; y,además, «es necesario hacer todo lo posible para que los estudiantes tengamos acceso a nuestras escuelas de forma segura».

Constanza Tort San Román, finalmente reafirmó el compromiso de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna nacional de dar cabal seguimiento a esta importante iniciativa, y colaborar en todo lo necesario para que se convierta en una realidad.