«Nuestro único privilegio debe ser el de haber nacido mexicanos, la sociedad exige un combate frontal a la corrupción e impunidad, quieren igualdad ante la ley, por eso presentamos y aprobamos la iniciativa para acabar con el «fuero» de quienes cuentan con un cargo público», argumentó la diputada federal Graciela Palomares.

En entrevista para este medio mencionó que actualmente mil 249 servidores públicos, entre federales y locales, cuentan con «fuero», de ahí la importancia de esta iniciativa que busca modificar los artículos 61, 74 fracción V, 108, 111, 112 y 114 de la Constitución.

La legisladora de Nueva Alianza agregó que la iniciativa «va más allá de los trabajos legislativos anteriores en el rubro, porque contempla eliminar esta figura para todos los servidores públicos sin distinción alguna».

Al respecto ejemplificó que en el caso de la reforma al segundo párrafo del 108 Constitucional responde a la eliminación de la inmunidad procesal para el Presidente de la República «esto implica que puede ser investigado y procesado bajo las mismas condiciones que cualquier ciudadano mexicano, sin mayores privilegios, ni reglas de excepción, así como, en caso necesario, ser sujeto de responsabilidades o de ser sentenciado culpable por la comisión de delitos», especificó Graciela Plaomares.

Cabe hacer mención que en el mismo sentido se establece la obligación para las entidades federativas de eliminar el fuero a los titulares del Poder Ejecutivo local y a los demás servidores públicos de la demarcación que lo tengan, ante la imputación de delitos.

Palomares Ramírez explicó que en el caso de que el juez determine la interposición de la medida cautelar «de prisión preventiva a un servidor público -mediante las reglas del debido proceso penal-, éste será removido de su cargo y en su caso, suplido de inmediato para garantizar la continuidad de la función pública que ejerce».

Finalmente, enfatizó que de ser aprobada esta iniciativa en el Senado de la República, los servidores públicos sin excepción, enfrentarán en su caso la responsabilidad penal o la administrativa sin «fuero» ni protección procesal alguna.