“El Universal” publica que hay la responsabilidad de Héctor Bermúdez Tena, actualmente funcionario de Infraestructura

Un gasto por más de 196 millones de pesos que debió aplicar la Secretaría de Infraestructura estatal en 83 carreteras y caminos de 50 municipios, que presentaban supuestos bloqueos por deslaves, aunque no se trataba de tiempo de lluvias, son investigados por las anomalías que presentan por la Secretaría de Función Pública (SFP), reveló este miércoles el diario capitalino “El Universal”.

De acuerdo con el material que lleva la firma del corresponsal en Puebla, Édgar Ávila, de esas supuestas obras, que debieron realizarse entre mayo y junio, no hay rastro alguno.

En el caso de estas supuestas anomalías que involucran la millonaria cantidad de 196 millones de pesos, está directamente involucrado un funcionario que todavía está en activo en la Secretaría de Infraestructura, Héctor Guillermo Bermúdez Tena, quien es director general Jurídico de la dependencia del gobierno del estado.

“El Universal” publicó:

La Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno de Puebla inició una investigación por la aplicación presuntamente irregular de 196 millones de pesos que debieron haberse destinado para municipios que habían registrado bloqueos por derrumbes y deslaves.

El posible desvío de recursos público ocurrió durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, quien estuvo en funciones del 21 de enero al 31 de julio de este año para suplir a la gobernadora fallecida Martha Erika Alonso de Moreno Valle.

Las primeras investigaciones revelaron que la Secretaría de Infraestructura debió aplicar esos recursos para la liberación de 83 carreteras y caminos en 50 municipios, en los que supuestamente se habían registrado bloqueos por derrumbes y deslaves.

Sin embargo, no hay registro en la dependencia ni en los municipios de que se hubieran realizado esas obras para las que se contrató maquinaria específica.

Por el contrario, los recursos fueron asignados en seis contratos para realizar obras en otras regiones, de las cuales no hay registros que se hayan realizado pero se pagaron.

La investigación se centra en las empresas Gepsa Ingeniería Industrial S.A. de C.V., Consorcio Constructivo y Arquitectónico de Puebla S.A. de C.V., Consorcio Constructor Río Alseseca S.A. de C.V., Jiménez y Cuéllar Asociados S.A. de C.V., Beresmo Constructora y Urbanizadora S.A. de C.V. y Constructora GYATSO S.A. de C.V.

Todas ellas recibieron los contratos entre el 9 de mayo al 19 de junio, aunque las primeras lluvias en el estado se registraron a mediados de agosto, en este ciclo 2019.

Durante la administración interina, la titularidad de Infraestructura estuvo a cargo de Antonio Peniche García.

Sin embargo, la contratación y pagos a esas empresas las firmaron el subsecretario de Infraestructura y Comunicaciones, José Guadalupe Norzaragay Castro, y Héctor Guillermo Bermúdez Tena, entonces coordinador general Jurídico y quien actualmente permanece en la dependencia como director general Jurídico.

En las indagatorias de la SFP del estado, de los seis contratos, dos se firmaron el mismo día: el 9 de mayo de 2019; tres más, con la misma fecha, 19 de junio.

Solamente un contrato, está exento de estas coincidencias, el que lleva fecha del 21 de mayo.

A pesar de que los contratos establecían como fechas de término del 6 de agosto al 16 de septiembre, todos se pagaron antes de la entrada de la actual administración, que encabeza el morenista Miguel Barbosa Huerta.

El pago cubierto en total a esas seis empresas fue de 196 millones, 289 mil 054.23 pesos.
También se ha detectado que en estos contratos que tuvo en su responsabilidad la Secretaría de Infraestructura en el interinato, al menos 9 municipios se repiten en las “intervenciones” de afectaciones y derrumbes, pero con distintas empresas.

Se trata de Zacatlán, Tlaxco, Xicotepec, Zihuatleutla, Eloxochitlán, Tepango de Rodríguez, Camocuautla, Jolalpan y Nopalucan.

Los seis contratos se cobraron en su precio exacto, supuestamente calculado con antelación, cuando para estos casos, el volumen de derrumbe -como se le llama técnicamente- es susceptible de cambios, que se denominan “aditivas/deductivas”, y pueden generar variaciones en los montos contratados.

Las investigaciones también se centran en el hecho que para supervisar todos los 83 derrumbes, que presuntamente se registraron por toda la geografía del estado, la Secretaría de Infraestructura dispuso de un solo “residente de obra”: ingeniero Jerson Delgado García.

«No hay reportes de los ayuntamientos, de que se hayan realizado esas obras, aunado a que es muy poco probable suponer que se hubieran dado deslaves en la época de ‘secas’, como se les llama, cuando no hay lluvias que generen el rodamiento de material a los caminos”, dijo una fuente sobre el caso.

Las minutas sobre las obras, que realizó la SFP en la actual administración, además testifican que no se realizaron los trabajos.

Por ejemplo, una minuta fechada el 19 de agosto de 2019, dice: “Se realiza recorrido en el tramo carretero que comprende del municipio de Acatzingo a Nopalucan, del kilómetro 0+000 al kilómetro 27+440, no observa evidencia de haber realizado trabajos de corte, remoción, acarreos y limpieza del material producto de derrumbes (…) las Presidencias Municipales de Acatzingo y Nopalucan manifiestan no tener conocimiento de que el personal y equipo haya realizado los trabajos referentes a este contrato”.