La libertad de prensa en México se debilita de manera grave en México ante los hechos sistemáticos de violencia en todo país, así lo consideró el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.

“Es urgente que el Estado mexicano sea más sensible para garantizar la vida de las personas que ejercen el periodismo de manera profesional, su seguridad y su integridad; necesitamos una garantía verdadera para proteger a defensores de derechos humanos y comunicadores”, dijo José Lara.

El abogado recordó el trágico asesinato en Tamaulipas, del periodista Antonio de la Cruz y su hija de 22 años; además de la agresión directa en contra de la periodista Susana Carreño, directora de un noticiario de Radio Universidad en Jalisco, que ahora su vida está en manos de los médicos que la atienen.

“Es de vital importancia que el presidente Andrés Manuel López Obrador adopte medidas urgentes para fortalecer el mecanismo de protección del gobierno federal, y así contribuir el hostigamiento a periodistas que critican los gobiernos en México.

En lo que va de 2022, 18 periodistas han sido asesinados en nuestro país —más que en todo 2021 y en segunda posición después de Ucrania, donde al menos 12 periodistas han sido asesinados, la mayoría mientras cubría la guerra, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

“Al menos 33 personas que ejercían el periodismo profesional han sido asesinadas en México desde que López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018, cifras que ponen a nuestro país como el país más peligroso para ejercer este oficio”, explicó.

El abogado litigante afirmó que “este año va en camino a convertirse en el más letal de la historia para los periodistas en el país de no actuar en consecuencia; recordó que el presidente López Obrador no sólo aborda la violencia contra la prensa, sino que además continúa con acciones que hostigan e intimidan a periodistas desde sus conferencias de prensa”.

“En estos años, sabemos que las autoridades rara vez esclarecen estos crímenes o enjuician a los responsables. El mecanismo de protección para periodistas tiene una capacidad limitada para responder a todas las necesidades de protección, desde recursos humanos, económicos y de cultura de respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU”, dijo.

Por su parte, José Víctor Rodríguez, coordinador de comunicación explicó que de las más de cien investigaciones sobre asesinatos de periodistas realizadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) desde su creación en 2010, tan solo seis han resultado en condenas por homicidio.

“Ante estos hechos de violencia, muchos periodistas recurren a la autocensura. Esta actitud es muy grave para la libertad de prensa y de expresión, ya que el ejercicio periodístico garantiza a la población el derecho a estar debidamente informada y de conocer las acciones de sus propios gobernantes.

“A pesar de los esfuerzos limitados que el gobierno federal mantiene a favor de los periodistas o defensores no se ha podido responder a las necesidades de protección, el mecanismo de protección federal frecuentemente agota su presupuesto antes de culminar el año y no cuenta con personal suficiente, lo cual genera demoras en las acciones de protección”, expuso.

El periodista de profesión aclaró que doce comunicadores han sido asesinados mientras recibían protección del gobierno federal, en su mayoría durante el gobierno de López Obrador, en otros casos, se sabe que periodistas solicitaron protección al gobierno pero fueron asesinados antes de recibirla.