La desigualdad y la discriminación en el mundo se traducen en aumento en los niveles de pobreza que la pandemia acentuó, debido a su efecto en la economía, por lo que combatirlos contribuirá a alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible con una sociedad más igualitaria, considera el coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM, Luis Raúl González Pérez.

Para lograrlo, es necesario vincular la ciencia y la investigación a la solución de estos grandes problemas; apoyarse en las instituciones de educación superior (IES) que tienen una riqueza en ideas y propuestas; deben ser vistas como lo que son: centros de enseñanza para el progreso. Además, focalizar una política pública que ayude a atenuar los efectos económicos de la emergencia sanitaria, explica en ocasión del Día de la Cero Discriminación.

“Todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se interconectan: Si vemos los objetivos como hambre cero y combate a la pobreza, tienen un papel fundamental, pero también igualdad de género, que es el objetivo cinco. Ha habido avances, pero tal vez debemos meter el acelerador, pues un estudio en 2018 reveló que iba creciendo la presencia de la mujer en el servicio público, pero lamentablemente era en puestos operativos; es decir, no abarcaba puestos directivos. Se avanza, pero no suficiente”, comenta el abogado.

La más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), realizada en 2017 con apoyo de la UNAM, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INEGI y el Conacyt, reveló que 20.2 por ciento de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual, recuerda el universitario.

De acuerdo con el documento, se suma que 40.3 por ciento de la población indígena declaró haberla padecido; y lo mismo sucedió con 58.3 por ciento de las personas con discapacidad; en tanto que 41.7 por ciento fue relegado por sus creencias religiosas.

Para esta casa de estudios, agrega, es de particular preocupación la discriminación contra las mujeres y si bien se ha dado un avance para que, como debe ser, tenga mayor presencia en los ámbitos económico-sociales y políticos, todavía falta a nivel de cuerpos directivos.

González Pérez detalla que los retos son numerosos en el tema de las personas en contextos de migración donde enfrentan violencia por hambre, entonces el desafío sigue siendo importante.

“Esto nos habla de que necesitamos educación y más educación, sensibilización, culturalización para introyectar el convencimiento del respeto a la dignidad de todos en la igualdad de derechos. La dignidad es lo que nos iguala como seres humanos”, precisa.

Las IES tienen un papel importante para dirigir al alumnado hacia un trato más equitativo hacia las mujeres, las niñas, la población migrante, personas con discapacidad, trabajadoras del hogar o con enfermedades como el VIH.

“No basta que los derechos estén en la Constitución, un sector que ha sido discriminado es el de pueblos y comunidades indígenas, aunque tenemos el artículo dos constitucional. La discriminación lleva a que los niveles económicos más bajos en el país estén en los estados donde hay un mayor número de integrantes de estos pueblos indígenas”, agrega quien fuera el ombudsman nacional de 2014 a 2019.

La pandemia ha puesto en evidencia problemáticas de violencias ligadas a la estigmatización que existen en nuestro país. Hay que luchar contra los estereotipos y dogmas que acentúan la violencia contra otras personas, por lo que se debe trabajar para llegar a la igualdad real y sustantiva, asevera.

“Las autoridades de los distintos niveles de gobierno y poderes deben generar las condiciones para hacerla efectiva, es lo que se conoce como igualdad sustantiva o real. No basta que me digas que soy igual ante la ley, si no se erradican las barreras que me imposibilitan alcanzar esa igualdad”, argumenta el experto quien fungió como Abogado General de la UNAM en 2008.

Impulsado por la Asamblea General de Naciones Unidas a partir de 2013, el 1 de marzo se celebra el derecho de las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad. Se pone de manifiesto cómo pueden informarse y fomentar la inclusión, compasión, paz y, sobre todo, poner fin a cualquier forma de exclusión.

En el caso de nuestro país, la Constitución Política establece en su artículo primero: “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

En su último párrafo añade: “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”, refiere González Pérez.

El abogado estimó que si bien en los últimos tiempos se han generado avances, como el reconocimiento de los afrodescendientes quienes estaban invisibilizados, es importante “pasar de la norma a la política pública, fortalecer la educación en todos los niveles y la UNAM juega un papel relevante en ello. En sus ámbitos docente e investigación, pero también en el de vinculación, en los diferentes espacios, donde la discriminación existe”.