La Comisión de Diversidad, presidida por la diputada Salma Luévano Luna (Morena), aprobó cinco opiniones a diversas iniciativas que plantean reformar distintas leyes en materia de identidad de género, rectificación de acta y discriminación.

Que diputados y diputadas ejerzan su derecho a la identidad de género

Se avaló la opinión positiva con modificaciones a la iniciativa que adiciona el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos (Morena), la cual busca establecer que diputados y diputadas ejerzan su derecho a la identidad de género.

La opinión señala que la reforma debe ser aprobada con modificaciones debido a que es acorde al marco constitucional y se encuentra sustentada en necesidades reales, promoviendo el avance de los derechos humanos en el mandato de representación que las personas funcionarias públicas ejercen.

Se sugiere hacer cambios a la propuesta de reforma para establecer que el ejercer su derecho a la identidad de género, “debe comprender no ser víctima de ningún tipo de discriminación por esa causa”.

Asimismo, que serán obligaciones de los diputados y diputadas: abstenerse de cualquier acto de discriminación en ejercicio de su función legislativa, lo cual comprende el respeto con el que deberá dirigirse a todas las personas que integran la Cámara, así como utilizar lenguaje inclusivo en cuanto al género.

Rectificación de acta por identidad de género

Otra opinión aprobada en sentido positivo fue a la iniciativa que plantea reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil Federal, del diputado Jorge Álvarez Máynez (MC), respecto de incluir el trámite administrativo de rectificación de acta por identidad de género de la persona que fuese registrada, el cual se realizará a petición de la persona interesada.

La Comisión concluye que esta reforma debe ser aprobada con modificaciones debido a que busca la progresividad de derechos para la población LGBTIQ+ y se encuentra sustentada en necesidades sociales reales, a causa de una disparidad estructural que durante mucho tiempo ha pasado por alto las necesidades y circunstancias particulares que este segmento de la población necesita, a fin de disfrutar y ejercer plenamente sus derechos sin sufrir discriminación.

Incluir a la Comisión de Diversidad el término “Sexual”

Se aprobó la opinión en sentido positivo a la iniciativa que propone modificar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, impulsada por la diputada Gabriela Sodi (PRD) para adicionar el nombre de la Comisión de Diversidad y que se llame “Comisión de Diversidad Sexual”.

Al respecto, se consideró que la iniciativa debe ser aprobada porque es acorde al marco constitucional y se encuentra fundamentada en necesidades sociales y administrativas reales.

Manifestación del nombre bajo la identidad

También se avaló la opinión en sentido negativo a la iniciativa que busca reformar y adicionar los artículos 3, 15 y 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena), en materia de manifestación del nombre bajo la identidad y expresión de género.

El documento precisa que la expedición del acto administrativo con un nombre distinto al que puede ser visible en la identificación de la persona, “puede, incluso, representar un conflicto para ella cuando ejerza los derechos proporcionados por el mismo, al tener que hacerlo oponible sin ningún documento de identidad que le permita acreditar que se trata de la misma persona, lo que en lugar de facilitarle el mismo le podría generar conflictos mayores”.

Protocolos de atención en situaciones de discriminación

Además, se aprobó la opinión en sentido negativo de otra iniciativa de la diputada Ascencio Ortega que plantea reformar el artículo 115 de la Constitución Política, referente a que los municipios estén facultados a emitir protocolos de atención para prevenir y actuar en situaciones de discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de géneros en sitios públicos, oficinas municipales y establecimientos mercantiles.

Señala que esta propuesta de reforma constitucional “no es clara al establecer la concurrencia con el resto de las autoridades e incluso podría vulnerar aquellas que ya existen para la Federación”. Se estima que “podría generar mayores espacios de opacidad y confusiones”.