Cuando un grupo de guardias de prisiones de la Florida se turnaron para golpear a un preso en la Institución Correccional Lake, cerca de Orlando, no fue algo sin precedentes. Los presos dicen que las golpizas manos del personal penitenciario son habituales, aunque normalmente ocurren fuera de la vista de las cámaras.

Lo inusual de esta golpiza fue que se grabó en video, no a través de las cámaras de vigilancia, sino con un teléfono móvil introducido a escondidas y manejado por un preso, que se encargó de la narración. Luego se subió a YouTube. Cuatro empleados perdieron su empleo.

La Fiscalía Estatal del Condado Lake decidió recientemente las consecuencias legales para los hombres dados de baja por haber participado en la paliza grabada en video y por haber mentido sobre ella: ninguna.

Los cargos penales presentados en relación con la paliza fueron retirados.

En la grabación del 8 de julio de 2019, se ve a un grupo de guardias golpeando repetidamente al recluso. Se oye al recluso no identificado que grabó la golpiza decir: “Por eso tememos por nuestra vida”. A continuación, comenta el aspecto físico del recluso, Otis Miller, señalando que su cabeza parecía hinchada. Miller sufrió múltiples lesiones, incluidas costillas rotas.

Al retirar los cargos, algo de lo que informó por primera vez ClickOrlando, la fiscalía estatal dijo que era imposible determinar qué golpes causaron las lesiones sufridas por Miller, de 47 años. También señaló que las lesiones de Miller podían haber ocurridos antes que la cámara empezara a grabar.

Menos de un año después, en la misma prisión, un reo que cumplía condena por robar cuatro cargadores de teléfono murió tras ser golpeado por el personal. Christopher Howell, de 51 años, estaba esposado en ese momento, según declararon los testigos al Herald en su momento. El guardia Michael Riley Jr. fue acusado de homicidio en segundo grado. Al igual que en el caso de Miller, los guardias fueron acusados de alterar sus informes en un intento de exonerar a los guardias . El nombre de Howell ha sido censurado de una lista disponible públicamente de reclusos del Departamento de Prisiones de la Florida (FDC) que murieron mientras estaban bajo custodia ese año y el estado del caso de Riley no se conoció de inmediato.

Según los materiales a los que tuvo acceso el Herald, un cacheo provocó la golpiza de Miller, quien estaba cumpliendo condena por agresión a un agente de la ley y por vender cocaína. Fue trasladado a otra prisión.

Después que salió a la luz el video, el FDC emitió un comunicado en el que condenaba las acciones de los guardias y anunciaba su despido inmediato.

Poco después se presentaron cargos penales. Ian Gretka fue acusado agresión con agravantes y agresión dolosa. Sus compañeros, Hunter Lingo, Joshua Petersilge y el capitán Milton Gass, fueron acusados de cómplices de estos supuestos delitos. Según el derecho penal de la Florida, un cómplice es alguien que ha ayudado a otra persona a cometer o intentar cometer un delito.

Una declaración jurada muestra que Gass fue acusado además de perjurio por presentar un reporte falso sobre el uso de fuerza al Departamento de Correccionales de la Florida. Tras el incidente, según el documento, Gass se reunió con los otros agentes implicados, recopiló información sobre su participación, redactó sus informes para ellos y, a continuación, “les ordenó, animó o solicitó” que firmaran y presentaran los reportes a sabiendas de que incluían información falsa.

Las inexactitudes de estos informes falsos sobre el uso de fuerza incluyen la afirmación de que Gass recuperó un cargador de móvil USB del calcetín de Miller.

Se omite en los reportes el hecho que Miller fue golpeado en la cara, lo que le causó hematomas, hinchazón de la mandíbula y un coágulo de sangre en la cara. La declaración jurada señala un chat en redes sociales que Gass mantuvo con otros agentes, en el que dijo: “Para su información, el recluso fue al hospital con una posible fractura de mandíbula”, como prueba de que era consciente de las lesiones faciales de Miller.

También se incluyó en el chat filtrado, que fue reportado por primera vez por el Florida Times Union, un comentario de Petersilge que parecía reírse de la paliza diciendo: “Lmfao. Todo eso por un cargador”.

El video, que todavía está disponible en YouTube, pero con una advertencia sobre el contenido, sacó a la luz las falsas declaraciones y omisiones de los informes, según la declaración jurada.

Las actas judiciales citan “la insuficiencia de pruebas para demostrar uno o más elementos de los delitos imputados” como el motivo de la desestimación de los cargos.

La falta de rendición de cuentas a pesar de la evidencia en video es sorprendente, según Ryan Andrews, el abogado que representó a Miller en una demanda de derechos civiles contra el FDC que se resolvió por un importe de $125,000. Tenía la esperanza de que esta vez fuera diferente.

“¿Qué más podríamos necesitar para meter a gente así en la cárcel?”.

Andrews dijo que este comportamiento es habitual en el sistema penitenciario, y señaló que las minorías a menudo se enfrentan al racismo de los funcionarios de prisiones. Para ilustrar este punto, Andrews se refirió a la declaración de Miller, en la que dijo que los celadores le lanzaron calumnias e insultos, llamándole regularmente “estúpido”.

Andrews también expresó su preocupación por el hecho de que los guardias puedan sentirse envalentonados para comportarse de forma similar, creyendo que también podrán eludir las consecuencias penales.

“Es temporada abierta”, dijo.

En un memorando, la Fiscalía Estatal del Condado Lake explicó que las pruebas de video no son lo suficientemente claras como para determinar dónde o cuándo Miller sufrió las fracturas de costillas. El video tampoco puede determinar quién golpea qué partes del cuerpo de Miller cuando sufrió la lesión en las costillas, según el comunicado.

La declaración destacó las entrevistas de otros dos funcionarios de prisiones cuyos relatos ponen en duda la culpabilidad de Gretka. Uno de ellos, quien estaba presente durante el incidente, insistió en que no fue Gretka sino otro agente quien le fracturó las costillas de Miller. Otro agente vio el video y dijo que podría ser Gretka, pero que no podía asegurarlo. Miller también identificó a otro agente como la persona responsable de romperle las costillas, según el comunicado.

A falta de una identificación positiva del culpable que causó las costillas rotas de Miller, el estado determinó que no tenían suficientes pruebas para procesar a Gretka por agresión agravada y agresión dolosas con pruebas más allá de toda duda razonable.

“Hay pruebas exculpatorias directas que niegan la culpabilidad del acusado Ian Gretka que serían admisibles durante el juicio en este momento. Además, no hay pruebas suficientes para continuar el enjuiciamiento de los acusados Milton Gass, Hunter Lingo y Joshua Petersilge como responsables de la agresión con agravantes o la agresión dolosa que supuestamente cometió el acusado Ian Gretka”, dice el comunicado.

Aunque los agentes dados de baja ya no se enfrentan a un juicio penal, Paul Walker, secretario de prensa del Departamento de Prisiones de la Florida, dijo que no hay ningún cambio en su situación laboral.

El despido de estos funcionarios no es suficiente, según Denise Rock, directora ejecutiva del grupo de defensa de los derechos penitenciarios Florida Cares.

Dijo que no solo deberían ser inelegibles para volver a ser contratados, sino que nunca deberían poder trabajar en una posición de autoridad sobre otros.

Rock se refirió a la muerte en 2012 de Darren Rainey, un recluso que fue encerrado en un armario de la Institución Correccional de Dade reconvertido en una ducha improvisada en la que, según los reclusos, se les castigaba sometiéndolos a agua extremadamente caliente. La temperatura se controlaba desde otra habitación. Rainey, quien padecía una enfermedad mental y cumplía condena por vender cocaína, estuvo encerrado en la ducha durante casi dos horas, suplicando que lo dejaran salir, hasta que se desplomó y murió. El agua hirviendo provocó que se le cayera la piel.

Ni la administración del FDC ni los fiscales tomaron ninguna medida, a pesar de las cartas enviadas por un recluso, Harold Hempstead, en las que describía lo sucedido. Después que el Miami Herald sacó a la luz lo sucedido dos años más tarde en una serie de informes de investigación, el departamento sustituyó al director.

Uno de los guardias que colocó a Rainey en la ducha ya había dejado el departamento para trabajar en una prisión federal. El otro dimitió y fue contratado casi inmediatamente en un puesto mejor pagado en la Policía de Miami Gardens. Como celador allí, fue investigado por Asuntos Internos en dos ocasiones distintas por tener supuestamente relaciones inapropiadas con una mujer mientras estaba de servicio.

Los artículos noticiosos hicieron que la Fiscalía Estatal de Miami-Dade llevara a cabo una investigación sobre la muerte de Rainey. Decidió que no había cargos justificados. En una demanda civil, la familia de Rainey recibió una indemnización de $4.5 millones del estado.

Por hablar con los periodistas sobre lo ocurrido, Hempstead tuvo que ser trasladado a una prisión de otro estado por su propia seguridad.

En el caso de Miller, a Rock le preocupa que la decisión de la fiscalía estatal de no responsabilizar a estos guardias envíe un mensaje a los celadores de prisiones de que pueden actuar con impunidad.

“La fiscal estatal ha decidido no responsabilizar a los empleados del estado y están permitiendo la anarquía en las prisiones”.

Elizabeth Buchanan, abogada de West Palm Beach especializada en Justicia Penal y Asuntos Administrativos de Prisiones, señaló que las pruebas de video de la agresión hacen que este caso sea único.

“La mayoría de las veces estas cosas no se graban. como fue en este caso, por lo que ni siquiera llegan a la fase de acusación porque se presume que los presos mienten cuando hacen tales acusaciones”.

Buchanan subrayó que establecer el tono adecuado sobre lo que es una conducta aceptable mientras se trabaja en el departamento es fundamental en una época en la que las prisiones tienen una gran falta de personal.

“Este caso y el hecho de que se hayan retirado estos cargos no ayuda a que los futuros empleados sepan cómo se debe tratar a los floridanos encarcelados”.

El Nuevo Herald