Senadoras, catedráticos e investigadores, coincidieron en la necesidad de impulsar una política de Estado transexenal, en materia de ciencia, tecnología y desarrollo, que sea apoyada por una legislación robusta, pertinente y que dote de recursos suficientes a este rubro.

Durante el “Conversatorio: Los irreductibles de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación”, la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz dijo que los gobiernos deben brindar las condiciones necesarias para incentivar la inversión en investigación científica, facilitar la adopción de nuevas tecnologías, promover la competencia y apoyar la preparación de las nuevas generaciones para integrarse al mercado laboral del futuro.

Se requiere, precisó, de una política de Estado que inyecte los recursos suficientes que impulse el progreso y la innovación del país.

Necesitamos de una política que trascienda los sexenios, así como de una nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, que esté acorde a la nueva realidad del mundo, expresó.

Ello, señaló, porque actualmente México es el antepenúltimo país, dentro de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que destina inversión a este rubro; “es decir, ocupamos el lugar 34 de 35 naciones, y apenas se destina el 0.22 por ciento del Producto Interno Bruto”.

Dicha legislación, destacó, debe permitir que se cuente con las herramientas y las capacidades para tener una comunidad científica vigorosa, activa, dinámica, y que se integre a los grandes proyectos científicos del mundo.

Asimismo, tiene que generar incentivos para que la investigación científica se haga en México y sus beneficios se queden en el país, que evite la fuga de cerebros y promueva una participación mucho más diversa e inclusiva.

La presidenta de la Comisión de Educación, senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, agregó que es fundamental que se pueda llevar la transferencia tecnológica y de ciencia a los usos de la sociedad.

Para lo cual, dijo, se debe trabajar en áreas de investigación desde el campo social, donde las empresas públicas y privadas puedan dar origen a un nuevo conocimiento que facilite la creación de políticas públicas, que sean de utilidad para que México salga adelante.

Vázquez Alatorre comentó que es relevante lo que la comunidad científica tenga que aportar para la construcción de esta Ley de Ciencia, Tecnología y Humanidades, “la cual en unos meses se discutirá en el Senado”.

Expresó que México está en una encrucijada importante, que no nada más se deriva de los avances científicos y tecnológicos en el mundo, sino en un cambio social profundo que requiere de la transferencia de tecnología y de investigación social que atienda las necesidades del país.

Recordó que cuando en el Senado se discutió la Ley de Educación Superior también se analizó el vínculo que tienen estas dos leyes, “el cual es muy relevante dado que las universidades son frecuentemente, los orígenes de muchos centros de investigación”.

En tanto, la senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que es necesario impulsar una legislación para que México se inserte de manera adecuada en el mundo de las nuevas tecnologías.

Se requiere, expresó, establecer las condiciones para que la ciencia se utilice como un instrumento muy útil, que le permita a nuestro país resolver sus problemas en distintos ámbitos.

Rosalba Medina Rivera, presidenta de la Red Nacional de Consejos y Organismos de Ciencia y Tecnología, comentó que dicha Ley debe garantizar la inclusión, la pluralidad, la no discriminación, la igualdad de género, la libertad de investigación, la paridad e imparcialidad, así como el federalismo y la responsabilidad presupuestal.

“Consideramos que este ordenamiento jurídico debe tener también una visión federalista que favorezca la distribución de competencias y la coordinación para el funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, subrayó.