La Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma al primer párrafo del artículo 65 de la Constitución, en materia de periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, que parte de la iniciativa que promovió el diputado federal Rubén Moreira Valdez, para evitar el “doble Congreso” que existiría el próximo año.

En su iniciativa, el líder congresista expuso que ante las imperfecciones de la reforma político electoral de 2013-2014 en el texto del Artículo 65 de la Constitución, era necesario ajustar los tiempos y establecer que el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1 de febrero para celebrar un segundo periodo.

La reforma propuesta fue aprobada conforme a lo indicado en la iniciativa del legislador priista y el Congreso de la Unión en el uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución, y previa aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México (17 congresos), llevó a cabo la declaratoria.

Con esto se cierra la discrepancia con el ordenamiento actual, que planteaba que, cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83, el primero de octubre, el Congreso se reúna a partir del primero de agosto, cuando los integrantes de la LXV Legislatura fueron electos por tres años, para concluir el último día de ese mes.

En los transitorios, se estableció que la duración en el cargo de los diputados federales electos para la LXV Legislatura se computará a partir del 1 de septiembre de 2021 y hasta el 31 de agosto de 2024. Mientras los senadores electos para las LXIV y LXV Legislaturas, se contará a partir del 1 de septiembre de 2018 y hasta el 31 de agosto de 2024.

Además, se define que los diputados federales electos para la LXVI Legislatura durarán en el ejercicio de su cargo 36 meses, contabilizados a partir del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2027.

En ese sentido, Moreira Valdez fundamentó en su proyecto de ley que de esta manera se da certeza jurídica al Congreso de la Unión en los tiempos de su función y se garantiza el desarrollo de las tareas legislativas de forma clara.

“Las democracias actuales requieren de ajustes constantes para hacer frente a los retos sistémicos, pero sobre todo que exista claridad en las normas que determinan el desarrollo de sus funciones y periodos de gestión”, apuntó.

Tras concluir la declaratoria constitucional, se remitió al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.