En México, solo cuatro de cada diez personas mayores (41.5 por ciento hombres y 25.4 por ciento mujeres) reciben ingresos por pensión contributiva, es decir, una remuneración exclusiva para quienes laboraron en el sector formal y que contaron con seguridad social, apuntó la académica del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, Isalia Nava Bolaños.

Al dictar la conferencia “La seguridad económica de las mujeres en edades avanzadas”, organizada por esa entidad académica, la economista universitaria señaló: en ello se observan marcadas diferencias de género en relación con este derecho.

Expuso que 21 por ciento de la población mexicana se ubica en el rango de edad de 65 a 74 años, 54.4 por ciento son mujeres y 45.6 por ciento hombres. Conforme se avanza en edad se observa mayor sobrevivencia de ellas, lo que implica una feminización de la vejez.

Lo anterior significa que alcanzan mayor esperanza de vida en comparación con los varones. Aunque nacen más, conforme transcurre la vida ellos tienen mayores índices de mortalidad, sobreviven menos y un número reducido alcanza edades avanzadas.

Sin embargo, precisó Nava Bolaños, es importante considerar las características con las cuales ellas llegan a esa etapa: conforme avanza el ciclo de vida presentan numerosas desigualdades, como mayor dificultad para ingresar a la escuela y permanecer, por lo tanto tienen menos nivel de escolaridad; lo mismo sucede para incorporarse a la actividad laboral debido a las cargas de trabajo doméstico y de cuidados que deben realizar, y que históricamente les han sido asignadas.

De aquellas que logran insertarse en el mercado laboral, pocas tienen la posibilidad de participar en empleos formales y bien remunerados; la mayoría está en la informalidad o en empleos precarios, como una forma de atender las necesidades de cuidados y actividades domésticas, es una manera de conciliar entre la vida laboral y familiar, apuntó la especialista en economía y envejecimiento de la población.

Manifestó que una parte recibe una pensión contributiva como dependientes económicos (por viudez), y no como sujetos de derechos que pueden mandatar esta garantía en edades avanzadas.

En este contexto, dijo, las no contributivas como la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores -pactadas como un derecho universal para la población de 65 años y más- adquieren relevancia debido al panorama de desprotección en términos de ingresos económicos que enfrenta esta población.

“De hecho, existen personas que prácticamente dependen de ese ingreso dadas las condiciones que permean en la sociedad mexicana, sobre todo en el caso de las mujeres, y que permite una disminución del riesgo de alguna condición de vulnerabilidad o pobreza”, enfatizó la experta.

Planteó la necesidad de preguntarnos qué país queremos en una sociedad que envejece, “pensando en las próximas generaciones y en las actuales personas mayores que, a pesar de las situaciones de desventajas que experimentan, están en mejores condiciones, en tanto que los jóvenes de hoy podrían no alcanzar una movilidad social como la de estos grupos etarios”. Es necesario alcanzar la consolidación de la cobertura total de las pensiones no contributivas y lograr que sean suficientes.