Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó las reformas para regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para uso industrial en la minería, y así recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos de la nación.

El proyecto modifica las leyes Minera, de Aguas Nacionales, General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

De Morena, el senador Napoleón Gómez Urrutia señaló que se debe acabar con la explotación irracional de los recursos naturales y de la mano de obra en el país, así como dar el lugar y respeto que se merecen las comunidades, “y este es un primer paso importante, pero vamos por una reforma integral a la Ley Minera”, adelantó.

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, destacó lo trascendente de la aprobación de este dictamen a la Ley Minera, porque se logró el compromiso de todas y todos los legisladores de establecer las reformas más profundas que se han hecho en esta materia las últimas tres décadas, pues destaca la protección a las comunidades mineras, al medio ambiente y recuperar la rectoría del Estado sobre el sector minero.

Entre otros objetivos, el documento reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la legislación vigente para recuperar de esa manera la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y que son del dominio directo de la Nación.

Además, los razonamientos contenidos en la exposición de motivos de la iniciativa que dio lugar a la minuta motivo al presente dictamen, son coincidentes y retoman la mayor parte de las reformas, adiciones y derogaciones establecidas en la iniciativa que presento el titular del Ejecutivo Federal el pasado 24 de marzo del 2023.

Se asegura también que con el dictamen avalado a la minuta, se regula el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para uso industrial en la minería, con la finalidad de proteger los derechos humanos al medio ambiente sano, a la salud y al agua de la población, así como la preservación de los recursos naturales de la nación y el derecho de los pueblos originarios a la preservación de sus territorios.

Por tanto, se destaca la reducción de 50 a 30 años la duración de las concesiones mineras; se regula la transmisión de títulos de concesión, adiciona causales de cancelación de concesiones mineras, e incorpora un capítulo de delitos con el objetivo de sancionar conductas delictivas en materia de minería.

También se establece la figura de concesión de agua para su uso específico en minería, con el propósito de evitar la sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos; se amplían las causales de revocación de la concesión de agua por hechos o actos de interés público, y cuando no se cumpla con el programa de restauración cierre y post cierre previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De igual manera, se elimina el esquema de terreno libre y primer solicitante, con lo cual se busca que el otorgamiento de las concesiones mineras se realice mediante concurso público, a efecto de asegurar las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano.

Además, no se podrán otorgar concesiones mineras en áreas naturales protegidas, y se buscará detener la degradación del medio ambiente a causa de las actividades mineras en terrenos que se encuentren protegidos por la legislación ambiental, entre otros.

El documento fue aprobado, en lo general y particular, con 66 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, y se remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Foto: Senado