A través de la Subsecretaría Jurídica, la dependencia brindará orientación y acompañamiento a los ayuntamientos para el trámite
Con la finalidad de dar certeza jurídica, seguridad y beneficio a los municipios en materia de regularización de predios con destino público, que deban estar legalizados a favor de la autoridad estatal o federal, el gobierno presente de Sergio Salomón, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), llevó a cabo una reunión con ediles de Chalchicomula de Sesma, General Felipe Ángeles, Santiago Miahuatlán, Soltepec y Teziutlán, con el objetivo de conocer la situación de dichos inmuebles y brindar información que permita tramitar los títulos de propiedad.
En su intervención, el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón señaló que, a través de la Subsecretaría Jurídica que coordina Arturo Madrid Echegaray, la dependencia busca generar condiciones para que los ayuntamientos conozcan los requisitos documentales y legales, se realice el acompañamiento y asesoría, para que puedan llevar a cabo la gestión.
Aquino Limón apuntó que el gobierno estatal está enfocado en brindar atención y solución en materia jurídica a los municipios para evitar incertidumbre, por lo que expresó, este ejercicio se continuará con diversos alcaldes, con la finalidad de que los municipios en total reciban de manera directa dicha orientación; exhortó a los presentes a socializar estas acciones con la comunidad, que darán certidumbre a cada localidad.
Por su parte, Arturo Madrid Echegaray detalló que además el área revisa cada espacio que ocupan la Guardia Nacional, el IMSS-Bienestar y el Banco del Bienestar, para poder determinar la mejor forma de realizar los dictámenes y remitirlos al Congreso del Estado, estos sean analizados y en su caso aprobados para efectuar la donación a la Federación.
Informó que, como ejemplo de este programa, para el municipio de Teziutlán y San Martín Texmelucan se obtuvieron la regularización de 22 y 12 inmuebles, respectivamente, destinados a educación básica y superior, los cuales ya están escriturados a favor del gobierno estatal, con lo que se otorga mayor seguridad de que los recursos invertidos para mantenimiento y/o mejoras de las instituciones sea de manera correcta, transparente y eficiente en beneficio de la comunidad estudiantil.