La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la primera parte del conocido Plan B del presidente de la República es inconstitucional, porque el proceso legislativo no se desarrolló como lo estipula nuestra Constitución.

El 6 de diciembre del 2022, después de que fue desechada la reforma constitucional propuesta por el presidente en materia electoral, la mayoría indolente, integrada por las y los diputados de Morena, el Verde y PT, sin leer la iniciativa que les mandó el ejecutivo para reformar diversas leyes secundarias en materia electoral, copiaron todo el texto, lo firmaron y lo presentaron como iniciativa de ellos.

Al presentarla, solicitaron la dispensa de todos los trámites y la sometieron a votación de inmediato, sin respetar el debido proceso legislativo que marca nuestra constitución para hacer las leyes.

Ese mismo día, presenté, a nombre de mi grupo parlamentario una moción suspensiva que el ministro ponente incorpora en texto de la sentencia, en donde les dije desde la tribuna que:

“Recuerden que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad se ha pronunciado en el sentido de que se debe respetar el proceso legislativo que rige el trámite parlamentario en el Congreso, pues de lo contrario, se generarían violaciones trascendentes a la validez de las normas que se discutirían.

Votar hoy el plan B del presidente se traduce en una violación democrática contraria a los principios de deliberación y participación de las fuerzas políticas representadas. Así lo sostuvo el máximo tribunal constitucional.

Una y otra vez se los dijimos. Lo que aprobaron se encamina a ser declarado inconstitucional por la corte, por lo que presentamos legisladores de la oposición, la acción de inconstitucionalidad correspondiente.

En su exposición, la ministra Norma Piña sostuvo que: «en una democracia constitucional, la toma de decisiones requiere de una deliberación democrática previa a las votaciones. No basta una votación mayoritaria. Estos procedimientos salvaguardan los derechos de las minorías y las personas».

La democracia y la representación popular exigen respeto a las minorías y al debido proceso legislativo.

Esto que parece tan sencillo de entender, a los diversos actores políticos de morena y del gobierno, les parece una intromisión al trabajo del Congreso y han descalificado a las y los ministros que votaron a favor de declarar la inconstitucionalidad del Plan B. Por cierto, 9 de 11.

No entienden que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está para ejercer el control constitucional, en una democracia constitucional.

Legislar a partir de la ignorancia y el sometimiento, utilizando una mayoría indolente, no trae consigo beneficios. Por eso le decimos adiós al Plan B, adiós.