Diputados integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, aprobaron, por unanimidad de votos, el dictamen por el que se expide la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, misma que fue enviada por el Ejecutivo, asimismo, se abroga la Ley del Notariado del Puebla.
De acuerdo con los considerandos, esta Ley organiza la función del notario como un tipo de ejercicio Gobierno del Estado profesional del derecho y establece las disposiciones necesarias para su correcto ejercicio imparcial, calificado, colegiado y libre; regula el tipo de ejercicio profesional del derecho como oficio jurídico; establece como principios regulatorios: la conservación jurídica de fondo y forma, la conservación del instrumento Notarial, estar al servicio del bien y la paz jurídicos del Estado y los notarios deberán cumplir sus procedimientos de asesoría y debe aconsejar a cada una de las partes.
Como parte de la exposición de motivos, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho, señaló que esta ley de notariado es trascendental para hacer una adecuación en la labor que realizan los notarios, que ha sido un tema delicado durante muchos años, asimismo, trae avances, actualizaciones y regulaciones para que la gente que necesite documentos tenga certeza jurídica por parte de quienes son responsables de la notaría pública, pues, anteriormente, se daba pie a irregularidades y será una ley justa para todas y todos.
Al hacer uso de la palabra, la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo, señaló que el dictamen, tiene, entre otras cosas, la intención de regular los cobros por los servicios que se entregan en las notarías; se harán estimaciones sobre las reales necesidades de la fe pública de la población; para obtener una notaría, los interesados deberán hacer un concurso a fin de dar certidumbre a este procedimiento y se busca que los notarios sean vistos como servidores públicos.
Mientras tanto, la diputada Mónica Lara Chávez, se pronunció a favor de que estos centros sean entregados de manera transparencia y mediante procesos claro. Por su parte, la diputada Rocío García Olmedo, criticó que el dictamen no cubre los tiempos que marca la Ley Orgánica y el Reglamento, por otro lado, señaló que la nueva Ley garantiza legalidad y confiere a las y los abogados la fe pública.