La noche no volvió a ser la misma desde aquel 26 de septiembre de 2014. El cielo nocturno se tiñó de desconcierto, gritos, sangre. En la oscuridad de Iguala, Guerrero, desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Nadie sabe qué fue de ellos.

La desaparición forzada de los futuros docentes marcó a México. A cinco años de lo acontecido, la herida supura, sangra, se niega a cicatrizar. “¡Ni perdón, ni olvido!”, gritan los padres, los amigos, los desconocidos.

El 26 de septiembre de 2014 lo cambió todo para esta región de Guerrero.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, ese día, alrededor de 80 estudiantes llegaban a Iguala a bordo de dos camiones que habían “tomado” desde la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, localizada en Tixtla de Guerrero.

Al llegar al municipio guerrerense, los alumnos decidieron detenerse para abordar por la fuerza más camiones rumbo a la Ciudad de México, con el fin de asistir a la marcha que conmemora el 2 de octubre de 1968.

Sin embargo, antes de salir de Iguala fueron contenidos por elementos de la Policía Municipal, según información proporcionada el 7 de noviembre de ese año por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

El exfuncionario federal afirmó que la orden de detener a los estudiantes la dio el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien se encontraba en el informe del DIF municipal de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y quien supuestamente temía un boicot del evento.

Después del incidente, los normalistas continuarían su camino hasta que fueron detenidos nuevamente por la Policía Municipal y trasladados a la agencia local para, posteriormente, subirlos en patrullas de las autoridades de Iguala y Cocula con rumbo desconocido.

En los límites de ambos municipios, continúo Murillo Karam, los elementos municipales entregarían a los detenidos a miembros del Cártel Guerreros Unidos.

No obstante, otras versiones apuntan que los jóvenes fueron interceptados por la Policía Municipal de Iguala y miembros de esta organización delictiva, quienes abrieron fuego contra los estudiantes.

En el enfrentamiento, tres alumnos habrían muerto, más de 20 resultarían heridos y 43 serían reportados como desaparecidos, según notas periodísticas.

A partir de aquí, conocer el paradero de los jóvenes sería el pan de cada día de padres, autoridades y ciudadanía.

“¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, es la consigna que gritan los padres de los normalistas. Sin imaginarlo, estas ocho palabras se convirtieron, desde entonces, en el grito de justicia que exclaman familiares de víctimas de desaparición forzada en México.

Cuatro días después de la desaparición de los estudiantes, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, solicitó licencia de su cargo por 30 días, aunque esta petición sería utilizada por él y su esposa para escapar de los señalamientos que los vinculaban con el caso.

El 1 de octubre de 2014, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunció una orden de aprehensión en contra del exedil.

Para el 4 de ese mes, la Procuraduría General de la República (PGR) atraería la investigación, mientras la Fiscalía de Guerrero anunciaba el hallazgo de seis fosas clandestinas a 30 minutos de donde ocurrió el ataque de los normalistas. En ellas se localizarían 28 cuerpos.

No sería sino hasta el 6 de octubre cuando el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, hablaría por primera vez del caso: “Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y, sobre todo, que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados de sus derechos en el municipio de Iguala”.

Mientras, el 8 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su oficina en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional (AI), habían exigido repuestas al gobierno mexicano para dar con el paradero de los 43 desaparecidos.

Asimismo, se llevó a cabo la primera Jornada de Acción Nacional e Internacional por Ayotzinapa, donde ciudadanos de varios estados de la República y otras partes del mundo exigieron justicia por los estudiantes.

Hasta el 10 de ese mes, Murillo Karam informaba la detención de 34 personas por el caso Ayotzinapa, de ellas 26 eran policías del municipio de Iguala, cuatro elementos de Guerreros Unidos y otras cuatro personas, así como la detección de cuatro nuevas fosas clandestinas. Los 28 cuerpos anunciados en días pasados no correspondíeron a los alumnos.

Una semana después, autoridades federales detenían al presunto líder del Cártel Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado. Por su parte, el padre y activista de derechos humanos, Alejandro Solalinde, declaraba que, según testimonios, los jóvenes habían sido quemados.

El 22 de octubre de 2014, la PGR informa de una nueva línea de investigación donde se relaciona a José Luis Abarca y a María de los Ángeles Pineda Villa con Guerreros Unidos; a Pineda Villa se le atribuye ser la operadora financiera de la banda criminal, mientras que Abarca es señalado de ordenar el atentado contra los estudiantes.

Sería el 4 de noviembre cuando se comunicaría la detención en la Ciudad de México de ambos implicados.

Tres días después, Murillo Karam afirmaría que, de acuerdo a declaraciones de tres sicarios de la organización delincuencial antes mencionada, un “grupo numeroso” de normalistas fue levantado, asesinado e incinerado en el basurero de Cocula, para después guardar los restos y la ceniza en bolsas y ser arrojados al río San Juan.

Ese 7 de noviembre, el funcionario federal sostuvo, previo al informe, una reunión con los padres de los normalistas en el hangar del aeropuerto de Guerrero. Luego de la presentación de las supuestas pruebas, familiares de las victimas aseguraron que no creerían en los detalles presentados hasta no ver pruebas científicas de la identificación de los restos.

Enrique Peña Nieto, dos días más tarde de la conferencia del titular de la PGR, declararía duelo nacional, desde Alaska, durante su gira por China.

A su vez, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que investigaba los restos recuperados en Cocula e Iguala, afirmaba el 11 de noviembre que las pruebas genéticas no coincidían con las recabadas a familiares de los 43 desaparecidos.

Por otra parte, el papá Francisco expresaba por segunda ocasión, su solidaridad con México por el caso Ayotzinapa.

Para el 27 de noviembre, Peña Nieto emite 14 medidas en materia de seguridad, desarrollo económico y justicia para evitar que lo ocurrido a los 43 normalistas “vuelva a suceder”.

El 27 de enero de 2015, cuatro meses y un día después de la desaparición de los estudiantes, Murillo Karam, acompañado del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, presentaban los resultados de la investigación, “la verdad histórica” del caso Ayotzinapa.

Afirmaron que los jóvenes habían sido confundidos con miembros de un cártel de la zona y entregados a miembros de Guerreros Unidos para ser asesinados. La orden de la detención y posterior asesinato, la dieron Sidronio Casarrubias Salgado, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa.

Luego de recoger a los estudiantes, los delincuentes los trasladaron al basurero de Cocula, donde fueron ultimados e incinerados para después trasladar sus restos y cenizas al río San Juan.

“La verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto dejó cabos sueltos y afirmaciones que desestiman los expertos. La noche, aquel cielo nocturno del 26 de septiembre del 2014, parece ser la única testigo que conoce la verdad del momento que lo cambió todo.

“¡Ni perdón, ni olvido!”, gritan y gritarán hasta no tener respuestas, los padres, los amigos, los desconocidos.

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