La salud mental es un derecho humano: así ha sido reconocido a nivel internacional y por la jurisprudencia nacional.
En el presente, las problemáticas en esta materia han escalado y ocupado un importante espacio en el debate público. El incremento consecutivo de las tasas de suicidio, ansiedad y depresión, han convocado a la realización urgente de esfuerzos gubernamentales para contener y resolver esta crisis de salud pública.
Los factores que inciden en este fenómeno son muchos, pero destacan aquellos que se refieren a factores estructurales como el estrés cotidiano, la desigualdad (incluida la pobreza) y condiciones de vulnerabilidad.
Esto ha provocado que la Organización Mundial de la Salud convoque a la comunidad internacional a emprender medidas para garantizar la salud mental de la población en el contexto de la nueva pandemia y, en específico, al personal de la salud. Las razones son evidentes: según la ex Directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, María Elena Medina Mora, gracias a la experiencia de China, se observan síntomas de estrés en un 74% de trabajadoras y trabajadores del sector, depresión en la mitad, ansiedad en el 45% e insomnio en un 13%.
Una situación que tenemos que visibilizar y que amerita soluciones urgentes. Se trata de cuidar a quienes nos protegen y evitar que se generen lesiones morales que violenten su bienestar subjetivo. Como lo ha explicado Neil Greenberg, profesor del King’s College de la ciudad de Londres, la garantía de la salud mental requiere de acciones concretas como protocolos y reglas, especialmente para aquellas personas que padecen un trastorno mental o se encuentran en una situación vulnerable. Además, hay que hacer énfasis especial en el personal de salud tiene que tomar decisiones difíciles desde el punto de vista ético, cómo los proceso de admisión del hospital, incluso a quién le es asignado un respirador.
Sé que la salud mental es un asunto de atención urgente. Por eso, desde el Congreso del Estado, exhorté oportunamente a la Administración Pública a atender todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en materia de salud mental bajo el contexto del COVID-19, especialmente la que se refiere a la atención psicológica para el personal médico y sus familiares. Reconozco que el Gobierno del Estado ha avanzado en la materia con la apertura de una línea telefónica para la ciudadanía que requiera apoyo emocional; no obstante, debemos ir más allá y brindar atención especializada.
Este tema debe ocupar una agenda prioritaria en Puebla. Por eso seguiré impulsando medidas para lograr un sistema legislativo capaz de garantizar el derecho a la salud, que cuente con medidas específicas para quienes lo requieran.
