Los diputados locales de Morena y Encuentro Social presentaron ayer una Iniciativa de Decreto por la cual el cobro del servicio de agua potable regresaría a los municipios y a los organismos operadores y solo podrán suspenderlo cuando en los hogares gasten más de 300 litros al día.

La iniciativa firmada por los diputados Nora Yessica Merino Escamilla y por Gabriel Biestro Medinilla -fechada con 31 de julio del 2019- da el primer paso para la revocación del servicio que mantiene la empresa Aguas de Puebla y, con ella, le da la razón al acuerdo del cabildo poblano, del 26 de junio pasado, para echar abajo el contrato de la compañía favorecida en el morenovallismo.

Para los legisladores, la actual Ley del Agua para el estado de Puebla es inconstitucional y viola los derechos humanos porque autoriza y justifica la suspensión del servicio en el caso de morosidad en los pagos. “Restringir un derecho que es de vital importancia para el desarrollo de la personalidad, de la vida y de la salud de las personas, sería contradictorio a nuestra Constitución”.

La reforma de los legisladores de la fracción “Juntos Haremos Historia” es con la finalidad de apoyar a los hogares poblanos, pues es a los ciudadanos a los que ampara:

“Artículo 99. El Prestador de Servicios Públicos podrá suspender justificadamente los servicios hídricos en los siguientes casos: Por falta del pago de los derechos, contribuciones de mejoras y productos correspondientes al servicio de que se trate, salvo para el servicio doméstico que no exceda del gasto de trescientos litros por día”.

La iniciativa no aplica para comercios o industrias.

Según una fuente consultada anoche, la clave está en uno de los artículos transitorios en el que señala que: “Se derogan todas las disposiciones que se opongan el presente decreto”, es decir, en la interpretación jurídica va contra lo que sustenta actualmente a la empresa Agua de Puebla.

Hay que resaltar que se esperaría a que este día en su toma de protesta como gobernador Luis Miguel Barbosa anuncie esta reforma a la ley con la que se da el primer paso para echar abajo a la empresa que tantos dolores de cabeza ha generado a los poblanos.