Es común que se busquen patrones como indicios de probables desenlaces o explicaciones a los eventos que ocurren en la realidad. La historia es una de las fuentes a las que se recurre para identificar esos patrones que pudieran anticipar ciertos acontecimientos políticos. En esta ocasión haré una breve descripción de hechos trágicos ocurridos antes o durante el establecimiento de un nuevo régimen político en el país. Se trata de una referencia, de una curiosidad histórica que podría repetirse en los próximos meses.

El establecimiento de un nuevo régimen significa que hay un reacomodo de fuerzas y de grupos que ejercen el poder público. México ha experimentado cambios de régimen con cierta frecuencia a lo largo de su existencia como nación independiente.

La vida de un nuevo régimen se sostiene por la muerte. Eso lo encontramos con demasiada frecuencia en la política mexicana, ya que para que un régimen se establezca han ocurrido uno o varios asesinatos que lo facilitaron. Es un hecho, casi un patrón en cada etapa de la historia de México, ya que la muerte de alguien permitió la llegada o consolidación en el poder de un grupo político.

Este patrón de violencia y muerte pone en evidencia la moral que priva entre la clase política mexicana. Tal parece que en nuestra cultura se permite el recurso de quitarle la vida a alguien para hacerse del poder o consolidarse en él.

El asesinato de Álvaro Obregón en 1928 dio paso al maximato de Plutarco Elías Calles y con él a la creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929; partido que unos cuantos años después se convertiría en el PRI. Fue el comienzo de una larga etapa de paz con relativa estabilidad social y política.

A finales del sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz ocurrió la matanza de estudiantes en Tlaltelolco, aquella fatídica tarde del 2 de octubre de 1968. Los cronistas de la época, analistas e historiadores coinciden en que este hecho dio pie a la designación de Luis Echeverría Álvarez como candidato del PRI a la Presidencia de la República. Fue con Echeverría que hubo un viraje ideológico hacia la izquierda nacionalista dentro del propio partido oficial, lo que para efectos prácticos significó un cambio de régimen.

La siguiente transición fue la de los tecnócratas que tomaron el poder en el PRI con Carlos Salinas de Gortari. La muerte que marcó la consolidación del nuevo régimen fue la del candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta. En aquella ocasión fueron los grupos que acumularon poder e influencia en torno al presidente Salinas, quienes advertían que con Colosio serían desplazados, por eso ordenaron el magnicidio a espaldas del propio Presidente (esa es mi opinión personal). Fue precisamente la muerte de Colosio la que permitió que el PRI ganara las elecciones con Ernesto Zedillo, un tecnócrata carente de cualidades y experiencia política, quien como Presidente continuó con la agenda de reformas liberales en el país (desde mi punto de vista lo hizo muy bien).

La más reciente transición política ocurrió en 2018 con la llegada del movimiento de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. Un proceso que nadie duda fue pactado con el PRI de Enrique Peña Nieto para que fuese pacífico y sin consecuencias para el grupo que entregaba el poder. En 2024 será la primera elección en la que estará en juego la continuidad del naciente régimen que pugna por instalar un modelo de presidencialismo autoritario y asistencialista que simula ser democrático. Un régimen que revive el estilo del PRI de los 50 y de los 70, aquel sistema que Vargas Llosa calificó como la “dictablanda” y Octavio Paz como el “ogro filantrópico”.

En estos procesos de cambio de régimen ocurre que hay un reacomodo de las fuerzas y los grupos que detentan los poderes del Estado. Los beneficiarios de la nueva normalidad se resisten a perder sus privilegios y canonjías. Ahí es el momento y la circunstancia en que algunos deciden “eliminar” a quienes ponen en riesgo los intereses de los nuevos beneficiarios del poder.

Lo ocurrido en Ecuador hace unas semanas debería de alertarnos a los mexicanos y más específicamente a la clase política. En ese país de Sudamérica se señala a una célula del cartel de Sinaloa como la responsable del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ese hecho demuestra que la delincuencia organizada mexicana es capaz de atentar en contra de candidatos presidenciales. La agenda de los cárteles de las drogas incluye la intromisión en procesos políticos como una manera de mantener o de ganar posiciones para sus intereses y quizá para sus aliados políticos.

En este sexenio la delincuencia organizada (y las fuerzas armadas) han acumulado poder e influencia como nunca en la historia contemporánea de México. Son estos grupos quienes podrían ver en Xóchitl Gálvez a un peligro que, de ganar las elecciones, alteraría los espacios obtenidos con López Obrador ¿Se atreverían a tanto? La historia demuestra que sí. En esa eventualidad quien resultaría más lastimado es el propio presidente de México y ya no importaría si estuvo o no enterado del complot.

Aplica el mismo riesgo para la candidata del oficialismo porque el poder no distingue fobias ni filias. El caso de Luis Donaldo Colosio demuestra que la ambición política puede mucho más que la fraternidad (Si usted cree en la versión del “asesino solitario” de Colosio, omita por favor este párrafo).

Los jugadores de ajedrez suelen en ciertas situaciones, proponer el sacrificio de su dama con tal de ganar la partida. Es una apuesta arriesgada que si se hace con las debidas precauciones entrega el resultado esperado. A los jugadores novatos les preocupa mucho perder su dama o peor, les atrae la posibilidad de conquistar la del adversario y en su afán se descuidan hasta perder la partida.

Escribo estas líneas no como una advertencia, sino como un señalamiento de lo que ha ocurrido en periodos similares de la historia contemporánea. La lucha por el poder suele desatar demonios inconfesables.

Ilustración: Alejandro Medina