En conferencia de prensa del 20 de noviembre de 2020, el subsecretario Hugo López-Gatell informó que el repunte de Covid-19 en nuestro país durará hasta el mes de marzo de 2021. Esto significa que las medidas para el control de pandemia seguirán vigentes y sus consecuencias seguirán a la vista, especialmente para las familias más necesitadas.

​La dimensión de la emergencia sanitaria es mayúscula: a nivel internacional, se han sumado casi 58 millones de contagios y 1,377,395 defunciones; en nuestro país, hemos superado el millón de contagios y las cien mil defunciones, según el reporte de la Secretaría de Salud del 22 de noviembre de 2020. Sin duda, cada cifra acumulada representa una historia dolorosa, que se enfrenta a servicios de salud y a retos económicos.
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Ahora, más que nunca, la función pública debe estar encaminada a promover el bienestar entre la población. El escenario es incierto: el Banco Mundial ha advertido que el nivel de crecimiento económico podría no llegar a ser el mismo que se tenía antes de la pandemia, mientras que el INEGI ha reportado que el ingreso de más de 32 millones de mexicanas y de mexicanos no les alcanza ni para lo básico.

​Como diputado creyente de los Derechos de Nueva Generación, promoví una reforma constitucional para Garantizar el Derecho al Ingreso Mínimo Vital en Puebla: en otras palabras, que las familias poblanas más necesitadas recibieran una cantidad económica mensual, en tanto se superan las externalidades ocasionadas por la pandemia. Ahora, buscaremos que este esfuerzo se acompañe con una nueva iniciativa, que presente una ley que busque la protección de la economía familiar y popular en medio de una pandemia.

​Sé que los retos son mayúsculos, pero las soluciones pueden alcanzarse en equipo.