El diputado Fausto Gallardo García (PVEM) informó que impulsa una iniciativa de reforma al artículo 280 del Código Penal Federal, para «sancionar, de manera justa y adecuada, el tráfico de cadáveres humanos, a fin de combatir el mercado negro de huesos humanos».

“El tráfico de cadáveres humanos es una práctica que se presenta en diversos cementerios del país, y no debe tolerarse por ningún motivo, de ahí la urgencia de que se garantice el derecho humano residual, el derecho humano a la dignidad de las personas tras su muerte», externó en un comunicado.

Indicó que su iniciativa consiste en señalar que si la exhumación de un cadáver, sin los permisos legales correspondientes, tiene como finalidad promover la enajenación y/o comercialización de los restos humanos, la pena de prisión será de cuatro a ocho años de prisión y multa de hasta 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente; que a valor actual equivaldría a 192 mil 440 pesos.

“Con la reforma propuesta no sólo se incrementa la sanción punitiva para la profanación de un cadáver o restos humanos, también se salvaguarda el trato con respeto, dignidad y consideración de un difunto», subrayó.

Refirió que tan sólo en la Ciudad de México, con base en datos oficiales, existe un mercado negro en el cual se comercia con restos óseos humanos y los responsables de este ilícito obtienen ganancias que oscilan entre los 50 y los 7 mil pesos por un esqueleto.

Gallardo García recordó que investigaciones periodísticas han dado cuenta de que el mayor número de lápidas y tumbas saqueadas por trabajadores de estos espacios, se reportan en la alcaldía de Iztapalapa; pero esta situación se suscita en otras entidades federativas, donde el comercio de partes humanas, vía internet, es un “negocio redondo”.

Otro caso reciente, dijo, es la exhumación de los restos de un infante, mismo que el pasado 10 de enero de 2022 fue encontrado en el basurero del penal de San Miguel, Puebla, situación que causó indignación social, los restos óseos fueron exhumados ilegalmente de un panteón de la Ciudad de México.

Foto. Cámara de Diputados