Como se sabe, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) quedó en el fuego cruzado de una guerra contra el llamado neoliberalismo, emprendido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ya va más de mes y medio que no opera su pleno, luego de una orden tácita del Ejecutivo al Senado para no seleccionar, ya no se diga a 3 comisionados faltantes, sino a uno sólo que daría el cuórum.

Incluso, hace unos días el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, el poblano Alejandro Armenta Mier, señaló que impulsaría una iniciativa para desaparecer al INAI.

Pero, una desaparición del organismo garante de la transparencia en México, no es tan fácil y sería un severo retroceso.

Incluso propuso que la Secretaría de la Función Pública (SFP) o la Auditoria Superior de la Federación (ASF), deberían suplirlo.

Sin embargo, se confunden las funciones.

El INAI sólo es parte de un andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El 18 de julio del año 2016 se promulgó la Ley General del SNA, instancia que se encarga de todo el proceso de coordinación de múltiples autoridades nacionales, públicas y privadas, para prevenir, detener y castigar hechos asociados a la corrupción en México.

O sea que el INAI, es solo un eslabón de la cadena.

Al organismo le corresponden tres aspectos: derecho a la información, transparencia y datos personales, como atribuciones constitucionales.

No le corresponde el combate a la corrupción, sino sólo es una parte muy necesaria del mecanismo para combatirla.

Si se elimina, se dejaría trunco al SNA, así de simple.

Conocer y hacer visible lo invisible permite combatir la corrupción y ya se ha demostrado en michos casos en anteriores gobiernos.

Pasar sus atribuciones a la SFP sería un grave retroceso.

Y es que, de la división de poderes, la fase que continuó fue el establecimiento de órganos constitucionales autónomos, que tienen funciones esenciales para la vida estatal y que no dependen de los poderes públicos.

Si se elimina y se quiere trasladar sus funciones a la SFP o ASF, sería un retroceso en ese camino histórico de evolución hacia el establecimiento de órganos constitucionales autónomos.

Por lo tanto, una de dos: O se ignora esta situación constitucional o de plano ya se quiere controlar todo, para evitar que salgan a la luz pública actos de corrupción en una 4T que parece seguirá por lo menos hasta el 2030.

¿A cuál le apuesta?