El paquete de reformas constitucionales con las que el presidente López Obrador pretende incidir en el resultado de la elección de junio de este año tiene múltiples lecturas.

La mayoría de los analistas las encuentra, primero, como un mecanismo, en los límites de la legalidad, para establecer la agenda de la discusión que privará en las campañas políticas, colocando los temas que impulsará la candidata de la coalición gobernante y con la que obligará a que, tanto los opositores como los medios de comunicación, tengan que dedicar una gran cantidad de sus recursos en descalificar esa agenda.

Según esta tesis, en la lógica del presidente, la agenda de reformas constitucionales está estratégicamente planeada para convertir la elección en un plebiscito ratificatorio por el cual AMLO, de alcanzar el apoyo electoral que espera, perfilará al país en la ruta que él ha decidido, sin margen para la rectificación o el cambio de rumbo.

Muchos análisis suponen, a mi juicio erróneamente, que López Obrador goza de un poder irresistible que no puede ser frenado por ninguna institución o por ninguna realidad.
Por eso formulo otra hipótesis: La estrategia es una prueba contundente de los niveles de debilidad política con que cierra el presidente su sexenio, y del terror que le causa la posibilidad de perder la elección presidencial.

La docilidad de su candidata no es simplemente una estrategia electoral para dejar pasar los meses que faltan para la elección sin colocarse en riesgo de perder su ventaja, sino un reconocimiento de la debilidad con la que cierra la administración de López Obrador, y del peligro que ella misma corre si no se concreta su triunfo.
En resultados de gobierno se tiene una larga lista de fracasos que ya están plenamente identificados en la mente de los electores: seguridad pública, salud, educación e inflación, por ejemplo.

A las puertas de la realidad, la gran crisis hídrica que enfrentará la Ciudad de México y muchas otras zonas del país. Los severos daños al medio ambiente, a la cultura, al deporte y al transporte colectivo, generan fuertes reclamos ciudadanos y disminuyen la base de apoyo con la que llegó a la presidencia.

El contundente fracaso en su intento por desmantelar a las instituciones que garantizan controles republicanos y la reacción de apoyo de millones de ciudadanos al INE, al INAI y a la Corte, son un reforzamiento de la conciencia política de un segmento de la población capaz de inclinar la balanza electoral.

Por último, ya se quemó la bandera de honestidad con la que sedujo a millones de personas y seguramente se traducirá en un desencanto que tendrá consecuencias electorales.
Estoy convencido que la última estrategia de AMLO se parece más a una reacción desesperada que a una muestra de su enorme poder.