Desde el pasado 19 de mayo, entró en vigor la nueva Ley de Educación de Puebla. Una nueva disposición que ha dado mucho de qué hablar a nivel nacional y, por supuesto, en nuestro estado. La razón es sencilla: grupos de la sociedad civil organizada, así como el Consorcio Universitario, demandaron al Congreso del Estado mayor apertura en el debate de esta Ley para atender sus planteamientos y preocupaciones; sin embargo, el proceso fue apresurado y no contempló acciones contundentes de Parlamento Abierto.

Esta Ley se ha convertido en algo más que una causa ciudadana. ¿A qué me refiero? A que se ha puesto en debate el contenido democrático del día a día de nuestro Congreso del Estado: no sólo por la dinámica entre quienes somos diputadas y diputados, sino por la capacidad de incidencia de la sociedad poblana en nuestras decisiones. Se ha normalizado, hasta un punto crítico, el monopolio de los partidos políticos para tomar las decisiones más importantes.

La Ley de Educación hoy es un símbolo que representa dos visiones de democracia: una reducida a los números, otra que se expande a la deliberación, la inclusión y el debate amplio. La fuerza contra la razón.

Por eso es importante que las diputadas y los diputados realicemos una enmienda a la Ley que, con un claro sentido de urgencia, convoque a todas las personas interesadas a debatir propuestas para eliminar vaguedades jurídicas, que hoy representan estados de incertidumbre. Esto me ha llevado a presentar, desde el pasado 29 de mayo, una iniciativa de reforma, que atiende las principales preocupaciones educativas.

Quienes integramos la Legislatura tenemos que ser el conducto del sentir ciudadano. En el tema educativo, se exigen soluciones eficaces y oportunas: la política de los partidos ya tuvo su tiempo, así que tenemos que poner manos a la obra.