En los últimos días se ha iniciado un intenso debate sobre los mecanismos de participación ciudadana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una votación dividida, decidió aprobar la solicitud de consulta popular planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más allá de los alcances mediáticos de esta decisión, el consenso entre ministras y ministros fue generar puentes sólidos entre la ciudadanía y las responsabilidades administrativas de servidores públicos.
Considero que justo ése debe ser el punto de partida para promover un nuevo modelo de gestión ciudadana: que los derechos sirvan para constituir una rendición de cuentas activa. Como Diputado Sin Partido sé que la organización apareja más y mejores resultados, tal y como se ha demostrado con la instalación de alarmas vecinales que no sólo generan una comunidad digital, sino que cierran la brecha entre funcionarios de seguridad pública y vecinos.
Ahora lo que compete es ejercer colectivamente derechos, como el de petición que está reconocido por la Constitución Federal y que obliga a servidores públicos a responder oportunamente a cualquier solicitud: desde tapar un bache, hasta colocar luminarias para caminar con tranquilidad. El uso inteligente de este derecho, que también es una herramienta ciudadana poderosa, podría ser capaz de terminar con un viejo modelo de gestión pública para dar pie a una vigilancia permanente de la ciudadanía sobre la forma de gobernar.
De igual forma, el derecho de acceso a la información nos permite ampliar nuestro conocimiento sobre cualquier asunto de interés público: en qué se invierte el dinero, cómo funciona el gobierno o en qué se ha hecho para atender un tema concreto. Una caja de cristal que nos permita observar cada paso, cada decisión. Esto, por supuesto, nos lleva a un tercer derecho de nueva generación: el derecho a una buena administración pública.
Hoy en México contamos con un sistema único de responsabilidades administrativas, que en gran medida necesitan del impulso ciudadano para denunciar y señalar cualquier actividad que pudiera resultar ilícita: las contralorías, sólo por mencionar un ejemplo, requieren comunicación permanente con la ciudadanía.
Seguiremos trabajando para que la #RutaCiudadana garantice apertura e integridad. Las poblanas y los poblanos merecen gobiernos impecables.